En medio de apelaciones del Estado argentino, Burford apunta nuevamente a YPF
En un giro inesperado del prolongado conflicto legal que rodea la expropiación de YPF, el fondo de inversión inglés Burford ha apelado el fallo de la jueza Loretta Preska, intensificando su presión sobre la emblemática petrolera argentina.
La decisión de Burford tiene como objetivo potencial el embargo de valiosos activos de YPF en el extranjero, como medida para cobrarse la sentencia en su contra. Mientras tanto, el Estado argentino continúa con sus propias apelaciones en un intento por revertir el fallo en su contra.
La jueza Preska, a cargo del distrito sur de Nueva York, dictaminó que Argentina debe pagar una indemnización de 16 mil millones de dólares a los demandantes, alegando un daño patrimonial derivado de la controvertida expropiación de YPF en 2012. Esta nueva movida legal ha desencadenado una reacción en cadena en los mercados financieros, con las acciones de YPF cayendo hasta un 6 por ciento. El impacto negativo se ha extendido a otras empresas argentinas que cotizan en el extranjero, con especial afectación en las acciones de Edenor y Cresud.
La estrategia de apelación adoptada por Argentina implica una demora en la ejecución de la condena y contempla el uso de las instancias de apelación disponibles en el sistema judicial de Estados Unidos. En este sentido, se busca cuestionar no solo el fallo más reciente de la jueza Preska, sino también otras decisiones previas relacionadas con el largo litigio que se ha prolongado durante ocho años.
Burford, que lidera la demanda por la expropiación de YPF tras adquirir los derechos de litigio del grupo Petersen y el fondo Eton Park, ha buscado reincorporar a YPF en el caso, lo que ha generado aún más incertidumbre en torno al futuro de la empresa. Los demandantes insisten en que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública por la totalidad de la compañía en el momento de la expropiación, argumentando que los accionistas minoritarios resultaron perjudicados por la falta de esta medida contemplada en el estatuto de la petrolera.
A medida que la batalla legal continúa, el mercado financiero y la estabilidad de las empresas locales se ven afectados por la incertidumbre generada por los resultados pendientes de las apelaciones y las decisiones judiciales en curso. Se espera que la resolución definitiva del caso no se conozca hasta dentro de varios meses, lo que mantiene en vilo a la comunidad empresarial y a los inversores.
Por Redacción