Se aprobó en Senado el nuevo marco regulatorio para los biocombustibles
El proyecto propone una reducción un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel, y del 12% entre naftas y bioetanol y tendrá vigencia hasta 2030, con posibilidad de prorrogarlo por 5 años más.
El Senado aprobó esta madrugada el nuevo marco de producción de biocombustibles, por 43 votos a favor y 19 negativos en una extensa jornada en donde convirtió en ley el alivio fiscal a monotributistas y dio media sanción al proyecto de cannabis industrial y medicinal, entre otras iniciativas.
El nuevo marco de producción de biocombustibles propone una reducción un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel, y del 12% entre naftas y bioetanol.
El proyecto, además, establece que en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6%de la mezcla mínima obligatoria, y el mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.
La iniciativa busca reemplazar el régimen que rige en el país desde hace quince años, que venció en mayo pasado y que fue extendido temporalmente por el Poder Ejecutivo.
El senador del Frente de Todos, Rubén Uñac, titular de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, detalló que la iniciativa «tiene por objeto establecer el marco regulatorio del biocombustible. Se van a comprender todas las actividades de elaboración, almacenaje y comercialización».
Además, indicó que «se determina su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2030 y se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una prorroga única por 5 años. Entendemos que en estos plazos se garantiza la estabilidad de los beneficios».
Acto seguido, el titular del bloque del PRO, el senador misionero Humberto Schiavoni, adelantó el voto negativo de su espacio y argumentó que “esta ley va en contra de sus objetivos, en los aspectos ambientales, productivos y de generación de trabajo». Además, agregó que «desvirtúa un régimen que fue exitoso y pone en peligro inversiones y puestos de trabajo».
La radical Pamela Verasay indicó que «no hubo ni un solo informe técnico con sustento ambiental que justificara la forma en la que la Secretaría de Energía reduce a la mitad los cortes de biodiesel».
«El mundo va hacia la descarbonización y no hubo ningún informe que justificara esta decisión», agregó la mendocina.
Un punto del proyecto que genera debate, es el artículo que implica que la Secretaría de Energía podrá «elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas».
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% «cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras».
Con respecto a la sustitución de importación, el proyecto establece que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo «con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo».
En ese aspecto, la iniciativa fija que las empresas de biocombustibles que decidan abastecer dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión. En caso contrario, podrían ser sancionadas por la autoridad de aplicación.
El proyecto, por su parte, mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
Al comienzo de la sesión, tras una serie de cuestiones de privilegio y homenajes a los recientemente fallecidos Carlos Reutemann y Jorge Landau, los senadores aprobaron los pliegos como embajadores de la exministra de Justicia, Marcela Losardo, ante la Unesco y del extitular de YPF, Guillermo Nielsen, ante Arabia Saudita.
Además, la Cámara alta también blindó los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la pandemia del coronavirus, entre los que se encuentra el que destrabó, al menos de manera parcial, el arribo de vacunas de empresas estadounidenses. También, dio media sanción y giró a Diputados el marco legal para la producción del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
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