Llega al congreso el Proyecto de «Promoción de la Movilidad Sustentable»
Lo enviará el Poder Ejecutivo para su tratamiento. Prevé desgravaciones para este tipo de inversiones y subsidios a la compra de los vehículos. En las petroleras lo objetan.
Uno de los proyectos que el Poder Ejecutivo enviará a las sesiones extraordinarias del Congreso que comenzarán a fines de este mes es el denominado «Promoción de la Movilidad Sustentable», que plantea incentivos fiscales durante los próximos 20 años para quienes fabriquen vehículos eléctricos, híbridos y sus autopartes, incluidas las cotizadas baterías de litio.
La iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo también prevé que los compradores de vehículos eléctricos (tanto particulares como empresas transportistas) sean recompensados por parte del Estado, de dos maneras. Una sería la desgravación impositivas del vehículo a la hora de computarlo en Bienes Personales. Y otra sería un «bono verde»: un subsidio directo del Estado, que pagaría una parte de la compra de cada unidad.
Actualmente la importación de vehículos «sustentables» está bonificada por el lado de los aranceles: las unidades extra Mercosur no pagan 35% sino 5% las híbridas, 2% las de motor eléctrico y cero arancel los usan celdas de hidrógeno como combustible. Pero se trata de un beneficio puntual, con un cupo de unas 3.000 unidades al año.
La nueva iniciativa es empujada desde las fábricas automotrices, donde ven en el proyecto un buen argumento para reclamar nuevas inversiones ante sus casas matrices. Así se lo hicieron saber al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, durante una reunión que tuvieron a comienzos de la semana.
Y a la vez el proyecto es resistido desde las petroleras, que le objetan al Gobierno que le pone fecha de vencimiento a la venta de vehículos nafteros: la norma (al menos, antes de su debate parlamentario), propone que a partir de 2041 no se podrán vender vehículos cero kilómetro propulsados a combustibles fósiles.
El ministro Matías Kulfas señaló que se trata de un proyecto «a largo plazo», con incentivos fiscales y subsidios directos que se extenderán por 20 años. Y que por ese motivo, la ley debe ser negociada con la oposición para que sea aprobada «por amplio consenso».
Pero además de las cuestiones para 2030, o para 2040, hay en la agenda proyectos más o menos inmediatos, tal como reveló el titular de la cartera de Desarrollo Productivo. «Hay varios que están replanteando proyectos que eran de mediano plazo. La movilidad sustentable, a nivel mundial, es un tema que se aceleró en el último año y medio. Y por ahí, proyectos que eran para 2025 pasan a 2023″, dijo Kulfas.
Hasta el momento el único proyecto concreto vinculado a ese tipo de movilidad fue anunciado hace más de dos años por Toyota: se trata de producir, en su planta de Zárate, una pick up Hilux de motorización híbrida (combinan motores eléctricos y convencionales) para antes de 2025.
Desde Toyota no han dado información oficial sobre el tema, pero fuentes del sector señalaron que el actual proyecto de ampliación de la planta de esta automotriz (subirá su capacidad instalada de 140.000 a 167.000 unidades por año) podría incluir la «electrificación» en su línea de producción.
En este momento la «foto» de las inversiones en la industria automotriz local es llamativamente pobre: sólo están en marcha el proyecto de Toyota y la inversión de US$ 580 millones de Ford para lanzar el nuevo modelo de su pick up Ranger en 2023.
«No es tan así, algunos (anuncios de inversiones) están siguiendo su curso», dijo Kulfas. «Venimos de un buen 2021 en la industria automotriz, se está recuperando inversión en autopartes».
¿Qué tipo de desgravaciones recibirán las empresas que traigan inversiones? El Gobierno propone la creación de un organismo nuevo, la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, que tendrá una caja denominada Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable (FODEMS).
Desde esa caja, podrán obtener beneficios todas las inversiones realizadas desde 12 meses antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, en tanto cuenten con la aprobación de la nueva agencia. Los beneficios concretos del proyecto, entre otros, son la devolución anticipada del IVA a la inversiones, la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la extensión del plazo para poder compensar quebrantos con ganancias y la deducción de la carga financiera del pasivo financiero de los balances.
Para las terminales automotrices, además, se contempla extenderles un certificado de crédito fiscal por un valor inicial de 50% de todas las contribuciones patronales del personal afectado a los nuevos proyectos, además de un certificado fiscal por el 7% del valor de cada vehículo fabricado (antes de impuestos), calculado a su vez según la cantidad de autopartes («electro-autopartes«, según la nueva terminología) de origen nacional.
Un capítulo aparte está dedicado a los potenciales fabricantes de baterías de litio y otras partes de los vehículos eléctricos. Para este tipo de fábricas, que hoy no existen en el país, el proyecto prevé bonificar 100% de las contribuciones patronales por un año y desgravaciones menores para los años siguientes, entre otros beneficios.
Hasta el momento, la instalación de una fábrica de baterías de litio es sólo una idea. El único que le puso números al proyecto fue el titular de Toyota Argentina, Daniel Herrero. «Una fábrica de baterías de litio cuesta 2.000 millones de dólares. Si no se desarrolla el consumo, será muy difícil que haya fábricas de baterías eléctricas instaladas en la Argentina«, dijo Herrero meses atrás, en una charla en el Rotary Club. Un dato: la casa matriz de Toyota es accionista de una empresa extractora de litio, Sales de Jujuy.
«El proyecto plantea un conjunto de incentivos, no es de un día para el otro», remarcó Kulfas. «Pero no hay en la región otro proyecto así. A mediano plazo, en este momento no hay proyectos de este tipo en Brasil, ni tampoco en Chile o Colombia«.
El funcionario subrayó que buscan que haya «convivencia» entre los proyectos de electromovilidad y la industria automotriz y autopartista instalada en el país. «Tanto las empresas como los gremios entendieron que no hay conflicto en este proyecto con la producción de vehículos convencionales», dijo.
En cambio, desde las petroleras objetaron la iniciativa, tanto en cuestiones puntuales como en temas de fondo.
El tema más urticante en este sector es el plazo de vencimiento para vender vehículos nafteros cero kilómetro. ¿El motivo? Las refinerías.
YPF, Axion y Raizen (la ex Shell) tienen plantas de refinerías, donde transforman petróleo y combustibles. Durante 2021 YPF hizo inversiones de cientos de millones de dólares en sus refinerías de La Plata y Plaza Huincul. Raizen anunció que desembolsará US$ 715 millones en su refinería de Dock Sud y Axion puso US$1.500 millones en Campana, también en una refinería moderna. También hacen falta más cantidad de refinerías para procesar las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta.
Dentro de las petroleras (y también consultores del sector) objetaron que el Gobierno decrete el final de la venta de vehículos nafteros 0km para 2041. «Los plazos de recuperación de esas inversiones quedarían afectados si se prohibiera la venta de combustibles para autos nuevos«.
Incluso en una de las terminales automotrices, donde apoyan la iniciativa en general, también pusieron objeciones a la cuestión del plazo.
«Estimular la radicación de inversiones de electromovilidad es bueno. Pero ponerle fecha de vencimiento a los vehículos nafteros sólo sirve para quitarnos argumentos para pelear inversiones en ese segmento», señalaron.
Por Luis Ceriotto
Clarín