Gobernadores de la Ofephi reclaman cambios en la Ley Ómnibus
Los mandatarios de zonas productoras de hidrocarburos de partidos provinciales, PJ, UCR y PRO le ponen límites al proyecto de Javier Mieli. Esta noche envían correcciones al capítulo consensuado.
Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; de Tierra del Fuego Gustavo Melella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Jujuy, Carlos Sadir y por zoom el mendocino Alfredo Cornejo, se reunieron este miércoles en representación de las diez provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi)para cerrar un acuerdo e imponer cambios a la ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso en el capítulo vinculado con la producción hidrocarburífera. El nuevo texto, que fue chequeado el miércoles mismo con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo, será ingresado esta noche al Congreso y a cada uno de los bloques parlamentarios.
Los que no estuvieron presentes enviaron representantes a la sede del CFI en el microcentro porteño. Por Gildo Insfrán (Formosa) participó el ministro de Economía Jorge Ibañez; por Mendoza además de Cornejo estuvo la ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre; a Claudio Vidal (Santa Cruz) lo representó el ministro de Energía Jaime Alvarez y a Gustavo Sáez (Salta) la ministra de Minería Romina Sassarini. Como la llamada liga de gobernadores del Norte, esta liga integra a provinciales, peronistas, UCR y el PRO. El encuentro fue el primer paso en la consolidación política del grupo en este nuevo escenario político y económico.
Uno de los temas consensuados y plasmado en el documento que vio la luz tras dos horas de conversaciones es que la ley reconozca taxativamente que los recursos son propiedad de las provincias. También se apuntó que los distritos no delegarán la cuestión ambiental pero se acompañará al Gobierno en la liberación de las regalías para hacer competitivas tanto las áreas convencionales como las no convencionales.
Además las diez provincias rechazan todos los artículos «que impliquen o puedan interpretarse como un menoscabo o limitación a las facultades de administración de las provincias hidrocarburíferas».
Tampoco acompañarán la privatización de YPF y reclamarán las áreas marginales de la compañía estatal que no están siendo explotadas. En cuanto a las licitaciones exigen la potestad de la redacción de los pliegos y reclaman mantener la facultad que tienen las Provincias para otorgar prórrogas al plazo de vencimiento de las concesiones vigentes.
El acuerdo de los mandatarios respecto al capítulo de hidrocarburos no alcanza al resto de la ley ómnibus.
Tanto Figueroa, como Weretilneck y Torres se mostraron optimistas respecto a las conversaciones con el Gobierno. De hecho durante la mañana del miércoles hubo un enlace telefónico con Energía en paralelo a los avances de la redacción final que se llevará al Congreso.
Punto por punto los cambios propuestos
El documento es más técnico que político. Por ejemplo no se escribió la posición respecto a YPF ya que los gobernadores creen que su privatización no será inminente. Tampoco discutieron el tema fue parte de la discusión en el CFI pero sí lo charlaron los gobernadores de la Patagonia en la cumbre de Villa La Angostura una semana atrás.
En el texto se plantea la cuestión de las regalías, un tema fundamental para las arcas provinciales. Destacan como condición para acompañar la votación de este capítulo de la ley que «dada la heterogeneidad de las situaciones en cada una de las cuencas e incluso dentro de una misma cuenca, solicitamos que debe quedar claramente establecido que la elaboración de un pliego modelo será realizado por cada jurisdicción debiendo ser lo suficientemente flexible y contemplar los distintos criterios que permitan adaptarse a cada una de estas realidades».
En otro párrafo manifiestan su «total desacuerdo» con la derogación del artículo 32, «una herramienta fundamental de las Autoridades de Aplicación de las Provincias para el control, evaluación y aprobación de las inversiones».
Entre las correcciones demandadas se incluyen las alícuotas de exportación para hidrocarburos y minería. La ley mantiene la vigencia de los derechos de exportación en 8% pero deja abierta la posibilidad para que el Ejecutivo Nacional las incremente hasta el 15%. «Pedimos que la alícuota máxima a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos no pueda superar el 8% actualmente vigente» acordaron las diez provincias conforme al pacto previo de Villa La Angostura.
En otro orden coincidieron en solicitar mecanismos que «aseguren el libre acceso de instalaciones de procesamiento y transporte para fomentar el libre acceso a mercados por parte de los productores no integrados en las distintas cuencas.
Especial atención se puso al capítulo ambiental en contraposición a la ley. Por un lado se plantea «la exploración y explotación racional» y por el otro se expresa el «desacuerdo» con la posibilidad de que se legisle a nivel nacional. «Si bien podemos compartir el objetivo último que se enuncia en dicho artículo -el 319-, entendemos que la génesis de una legislación del tipo propuesto debe surgir del consenso de las partes y no de la voluntad de un nivel de gobierno por sobre el resto».
Finalmente insistirán en la necesidad de incluir a la explotación hidrocarburífera en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
A impulso de los patagónicos, que la semana pasada se juntaron en Villa La Angostura, los mandatarios iniciaron conversaciones con el secretario de Energía y en paralelo en Diputados con los enviados de Javier Milei. A pesar de considerar auspicioso el diálogo con la gestión libertaria, varios de los mandatarios sospechan que el Gobierno limitará las correcciones y que no conseguirán los votos para sancionar toda ley que reforma el Estado, sus empresas y áreas clave de la producción. Antes de la cita en el CFI, en el microcentro porteño, «Rolo» Figueroa se vio -aparentemente por otros temas- con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
Justo este miércoles el Gobierno anunció la prórroga de la concesión de las represas hidroeléctricas en la zona Río Negro y Neuquén, que también estaban en la mesa de negociaciones. Ambos gobernadores de la región del Comahue habían reclamado por la propiedad de un recurso natural como el agua en el marco de lo que establece la reforma constitucional de 1994. En el documento firmado en El Messidor los patagónicos habían exigido regalías por la producción energética.
Un día antes del vencimiento de las concesiones la secretaría de Energía anunció la prórroga de las concesiones por un «período de transición» de dos meses El Chocón Arroyito (Enel); Cerros Colorados (Aconcagua Argentina) y Alicurá (AES Argentina). El corto plazo anima a los mandatarios a considerar que hay margen de negociaciones.
El grupo buscó mostrar músculo político -los patagónicos representan a partidos provinciales, a excepción del de La Pampa- y aliarse con los de Juntos por el Cambio de provincias productoras de hidrocarburos. Además los seis del sur impulsan un bloque propio en el Senado, cámara que representa a las provincias con tres senadores por cada uno de los 24 distritos.
Para condicionar los fuertes debates que se están llevando a cabo se conformará un interbloque federal con los representantes de los partidos provinciales Edith Terenzi y Andrea Cristina (Chubut); Mónica Silva(Río Negro) y Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones). Aunque mantiene un bajo perfil y evita mostrarse en estas reuniones nacionales, el santacruceño Claudio Vidal habilitaría a integrarse al bloque a los senadores Natalia Gadano y José María Carambia. Además sorprendió días atrás la neuquina Lucila Crexell al anunciar una alianza con Rolo Figueroa. También se sumará al grupo en el que ya cuentan extraoficialmente al salteño Juan Carlos Romero. En total son nueve de una cámara de 72 integrantes.
El peronismo toma distancia
En la misma línea Unión por la Patria anunció la conformación de un grupo de diputados y senadores patagónicos que coordinarán estrategias entre ambas cámaras. Lo integran los fueguinos María Eugenia Duré, Cristina López, Carolina Yutrovic, Andrea Freites y Jorge Araujo; los santacruceños Alicia Kirchner, Ana María Ianni y Gustavo González. Por Chubut están Eugenia Alianiello, Carlos Linares y José Glinski mientras que por Río Negro están Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Martín Soria (adversarios en la nterna entre ellos); por Neuquén Silvia Sapag, Tanya Bertoldi, Oscar Parrilli y Pablo Todero y por La Pampa Daniel Bensusán, Ariel Rauschenberger y Varinia Marín.
El grupo emitió un comunicado con el título «La Patagonia no se negocia» en el que parecieron tomar distancia de los gobernadores o al menos apuntar a una agenda de debate más amplia. Específicamente indicaron que no comparten mirada con los espacios que apoyarían la ley ómnibus y el DNU de Milei «a cambio de conservar la «constitucionalidad» de la legislación hidrocarburífera y el mantenimiento del sector turístico».
El primero y extenso párrafo destaca: «La Patagonia no se agota sólo en dos temas. Desde ya que nosotros y nosotras también nos oponemos a la privatización de YPF y respaldamos el desarrollo y protección de nuestro turismo, pero nuestra preocupación a la vez es por la soberanía de las nuestras Islas Malvinas, la eliminación de la zona desfavorable y zona fría, la derogación de la Ley de Tierras, la desregulación ambiental de la Ley del Manejo del Fuego, Ley de Bosques y Ley de Glaciares, la quita de representación en el Congreso, el desfinanciamiento del Conicet, la pérdida de empresas como Aerolíneas y ARSAT o la desregulación de INVAP, la destrucción de nuestra empresa YCRT, la desregulación y apertura de importaciones para nuestra Industria nacional, así como la Ley de Pesca «.
Por Analía Argento
El Cronista