Entre congelamiento tarifario y costos en alza: ¿qué futuro le espera a Metrogas?
La mayor distribuidora de gas del país advierte que sin tarifas «justas» se seguirá deteriorando su ecuación financiera y no podrá hacer frente a las inversiones para el servicio
El largo congelamiento de las tarifas que se prolongó en esta última etapa por más de dos años y medio, sumado a las medidas tomadas por el Gobierno para afrontar la emergencia sanitaria del Covid-19, pegaron fuerte en la principal distribuidora de gas de la Argentina.
Es decir en Metrogas, que viene acumulando balances negativos como los del 2021, que cerrará con pérdidas mayores a los $10.000 millones, y el del 2020 cuando acumuló un rojo de $13.368 millones.
A partir de este escenario, la mayor distribuidora de gas de la Argentina y de América latina advierte que su situación financiera es incierta y reclama un incremento tarifario que le permita mantener sus operaciones.
Por lo menos así surge del documento que la empresa entregó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para fundamentar el retoque tarifario que solicitará durante la audiencia pública convocada por el organismo oficial para el 19 de enero próximo.
El informe describe el deterioro paulatino de la situación económico-financiera de la compañía que la obliga a priorizar la cobertura de los crecientes costos de operación y de las inversiones en seguridad y confiabilidad con el flujo de fondos que tiene disponible.
Situación que se vio agravada notablemente durante el 2021, aún a pesar del aumento transitorio recibido en junio del 6% debido a la fuerte suba de la inflación mensual y el crecimiento de los costos laborales y operativos que superaron las expectativas presupuestarias.
El trabajo detalla la complicada situación que atraviesa la compañía producto de años de falta de actualización del precio del gas y de un contexto inflacionario que provoca un desequilibrio financiero que no puede ser soportado por largo tiempo o de manera indefinida sin su correspondiente contrapartida en incrementos tarifarios.
«Ello conspira contra las inversiones necesarias para el mantenimiento de la red, afectando a mediano plazo la operabilidad del sistema y por ende la prestación de un servicio regular, continuo y seguro como requiere la ley, y menos aún, con la calidad pretendida al momento de establecerse la tarifa base que regiría entre revisiones tarifarias», asegura Metrogas en su escrito.
También hace referencia al perjuicio que se produce en las distribuidoras por tener que afrontar por sí solas los incrementos en sus costos de operación e inversión y ver cómo se deteriora paulatinamente su activo, para recién recibir los reconocimientos tarifarios en forma atrasada varios años después.
De hecho, advierte que la prestación de su servicio «no es sostenible mediante sucesivos incrementos transitorios, y menos aún si dichos incrementos no siguen los aumentos reales en los costos de operación y en todas las inversiones necesarias para mantener las redes de distribución, toda vez que ello se traduce en insuficiencia del capital de trabajo y en la pérdida de toda fuente de financiación, lo que conduce a un inevitable y paulatino deterioro de los activos».
El documento, señala además la falta de compatibilidad con la seguridad del abastecimiento y califica de injusta e irracional «una tarifa que no permite obtener los ingresos suficientes para satisfacer los costos operativos razonables aplicables al servicio, amén que tampoco lo es aquella que no permite obtener los ingresos suficientes para, además de afrontar los costos operativos, pagar los impuestos, hacer frente a las amortizaciones y obtener una rentabilidad razonable».
Si bien en Metrogas hablan de un pedido de aumento tarifario del orden del 30%, saben que dicho porcentaje no alcanza para equilibrar las subas de costos que la compañía viene soportando en los últimos años por entender que se trata de un incremento transitorio y que como tal debe necesariamente, al menos, reconocer o reflejar el aumento real habido en los costos operativos de las empresas.
«Si el ajuste establecido a partir de junio de 2021 quedó muy por debajo de la inflación habida en el último año, ahora no sólo debe contemplarse la inflación que se estima para el corriente 2022 (y nada menos que siguiendo el REM del BCRA), sino también la diferencia habida durante el año anterior, ya que la necesidad de su ajuste fue puesta de manifiesto por el Decreto 1020/20, en tanto las tarifas venían de un congelamiento que se remonta a octubre del 2019», agrega.
Previsibilidad e inversiones
Para Metrogas, la operabilidad del sistema no es sostenible si se la pretende llevar adelante a base de endeudamiento financiero o de capital sin un retorno medianamente asegurable, como tampoco lo es a base de endeudamiento comercial con los proveedores, por lo cual le pide al ENARGAS comprender que el incremento transitorio solicitado «ya no constituye una cuestión de oportunidad o de negocio, sino que tiene por objeto posibilitar las recurrentes inversiones que deben realizarse para garantizar la integridad del sistema».
Igualmente, aclara que si el flujo de fondos no proviene de la tarifa de distribución, necesariamente tendrá que provenir de alguna otra forma de asistencia por parte del Estado Nacional.
Por eso reclama la «necesidad imperiosa» de que se lleve adelante y que se culmine el proceso de renegociación final de la RTI para contar con un régimen tarifario que no sólo sea justo y razonable, sino que al mismo tiempo sea definitivo y que confiera previsibilidad para encarar y obtener el financiamiento que permita realizar las permanentes e inevitables inversiones que requiere esta industria para operar la red de manera segura y confiable.
Para la compañía, el aumento transitorio basado únicamente en la inflación del 2021 y la esperada para 2022, debería ser del 76,23% que, de todos modos, no contempla la rentabilidad a la que tiene derecho Metrogas como tampoco el cumplimiento de ningún plan de inversiones obligatorias, ni un nivel de inversiones que permita evitar el deterioro del activo de la compañía.
Tampoco cubre las necesidades financieras de la empresa, ni contribuye al repago del capital de trabajo invertido ni el endeudamiento necesariamente contraído para sostener y financiar su operación, ni tiende siquiera a reestablecer su equilibrio económico-financiero «ya alterado en forma sustancial y grave por las diversas alteraciones habidas al marco regulatorio, en especial por los congelamientos tarifarios dispuestos a partir de la Ley de Emergencia N° 25.561 hasta la entrada en vigencia de la Revisión Tarifaria Integral vigente».
Al tener en cuenta estos condicionantes, la empresa anticipa que el ajuste que se establezca para el período marzo 2022 a diciembre 2022, «no importa de ninguna manera consentimiento, aceptación ni reconocimiento a las consideraciones formuladas para el dictado del Decreto 1020/20, especialmente en cuanto a que las tarifas resultantes de la Revisión Tarifaria Integral vigente no hayan sido ni resulten justas, razonables ni transparentes».
La compañía se muestra como la cara visible frente a los usuarios por ser la empresa que factura el servicio, pero aclara que la realidad indica que sólo se queda con el 30% del valor total de la factura ya que el resto se distribuye entre los cargos para pagar el gas que proveen los productores, el transporte desde los centros de producción y los impuestos.
El 70% del capital accionario de Metrogas pertenece a YPF, mientras que el resto cotiza en oferta pública.
Es una de las empresas de servicios públicos más importantes de la Argentina y la mayor en el sector de distribución de gas natural que ofrece servicios a 2.3 millones de clientes en un área de servicio que abarca una superficie de 2.150 km2 y cubre una población de 7.5 millones de habitantes, que representa alrededor del 27% del total usuarios conectados a las redes de distribución.
Con una dotación de 1.285 empleados, abastece al 26,8% de los usuarios del país conectados a las empresas distribuidoras y las entregas de gas del período enero/septiembre de 2021 representan el 20% del total del volumen entregado por las distribuidoras a usuarios.
En el informe, la compañía asegura que a partir de la alteración del índice de actualización tarifario en octubre del 2018, la posterior falta de actualización desde abril del 2019, y distintas alteraciones al marco regulatorio «evidencian un deterioro de todos sus ratios financieros y económicos, que a su vez se traduce en la imposibilidad de realizar por sus propios medios todas las inversiones necesarias para evitar el paulatino deterioro de sus activos».
La empresa indica que debió reducir sus desembolsos que, entre el 1 de abril de 2017 y noviembre del 2021 fueron de $10.131 millones.
Por Andrés Sanguinetti
iProfesional