Combustibles en Precios Justos: Tregua con final abierto
En el medio del acuerdo, la incertidumbre gira en torno a la tasa de devaluación del dólar oficial, al aumento del precio internacional del crudo y el futuro de la macroeconomía.
Urgido por la necesidad de bajar la escalada inflacionaria para el año que viene, las empresas petroleras se sumaron al programa de Precios Justos, impulsado por el Gobierno, donde se aplicarán aumentos con un tope del 4% durante los próximos tres meses, y un incremento del 3,5% durante marzo en el mercado de las naftas y gasoil.
El objetivo de esta medida, según fuentes oficiales, es «tener una política de precios sostenible y previsible en el tiempo, que permita dar un orden tanto a los consumidores como a los productores -que ahora tendrán certeza del momento en el que accederán a divisas para sumar insumos importados- y que también asegure el abastecimiento».
- Hasta el momento hay más de 113 empresas incluidas en el programa y 1.823 productos que se mantendrán a precios constantes en 2.500 bocas de expendio de 18 cadenas de supermercados, 9 cadenas mayoristas con 200 puntos de venta, y 25 cadenas locales del interior con más de 150 comercios de todo el país.
De hecho, ayer, el conjunto de las compañías que operan en el mercado de combustibles del sector, aumentó 4% los valores en las pizarras. El cumplimiento de no sobrepasar ese tope, será ejecutado por el Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos Automáticos (SOESGyPE).
El acuerdo firmado entre el Gobierno, de la mano del ministro de Economía Sergio Massa, y los representantes de las principales petroleras (Teófilo Lacroze, CEO Raízen Argentina, que comercializa Shell; Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, dueños de Axion; Martín Urdapilleta, gerente general de Trafigura/Puma y Pablo González, presidente de YPF), generó algunas controversias.
Está claro que para el Gobierno la medida representa recorrer un sendero de estabilidad de precios en momentos en los que se busca controlar la inflación en el primer trimestre de 2023.
También es cierto que en lo que va del año las naftas aumentaron 60%, mientras la inflación proyectada es de 100%. En tanto, el incremento del gasoil fue del 84%.
En este escenario, las petroleras asumen el compromiso de no aumentar los precios más del 17% de acá a marzo del año que viene.
A cambio, el Estado Nacional se compromete a poner en garantía el acceso a divisas para las empresas, sobre todo para el abastecimiento de lubricantes y a reducir temporalmente impuestos en la importación de combustibles a los efectos de garantizar abastecimiento para los sectores del agro, sobre todo durante los meses de enero y febrero, son los más importantes.
El propio titular de la cartera de Economía consideró que «esta medida ayuda a tranquilizar a la economía argentina, ayuda al Gobierno a fortalecer el sendero de reducción de inflación que pretendemos recorrer, y a las empresas a darle certidumbre a toda su cadena de valor».
Si bien el compromiso quedó por escrito, del lado de las empresas los reclamos al Gobierno apuntan a asegurar que ni el dólar, ni los biocombustibles se moverán por encima del 4% mensual y que tampoco habrá sorpresas con los impuestos. Además, le pidieron que intercediera ante los sindicatos para que la paritaria de los estacioneros no saltara por encima del 90% acordado hasta ahora.
El acuerdo causó más preocupación que certezas entre los estacioneros. Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), definió a la medida como contraproducente.
«Hablar de precios justos es convertir en chivo expiatorio al sector de combustibles que no es culpable de la inflación. Hay escalada inflacionaria porque hay emisión, no porque aumente el precios de los combustibles», se lamentó.
Desde las estaciones de servicio aseguran que «tuvimos un producto congelado desde marzo de 2021 a febrero de 2022 y la inflación siguió subiendo, con lo cual esto explica que no es directamente proporcional. De hecho, cada 10% de aumento de los combustibles, la canasta básica tiene una actualización del 0,4%».
Y plantean una realidad insoslayable: los precios en las pizarras de las estaciones siempre estuvieron corriendo por detrás de la curva inflacionaria. En 2019 los combustibles aumentaron 43%; en 2020, 25%; en 2021, 34% y en 2022, 60%. Todos índices por debajo de la inflación.
Para los analistas más escépticos, es un acuerdo sin sentido que deja perdedores en el camino.
«Es una medida que perjudica solamente a los estacioneros. El negocio de refinación es, acá y en el mundo, un negocio de márgenes. Con el actual precio local del crudo los refinadores no están tan mal, aunque los productos vendidos por estaciones hayan evolucionado bastante menos que el índice general de precios. Los precios de venta mayoristas (solventes, aguarrás, lubricantes, etcétera) subieron hasta más que la inflación general. Pero para los operadores de estaciones de servicio el tema es totalmente distinto porque todos sus costos suben con la inflación general, o más», disparó un ex funcionario de la Secretaría de Combustibles.
Para Daniel Montamat, ex secretario de Energía, «si la tasa de devaluación del dólar oficial supera el tope de aumento fijado, se van a contraer los márgenes de refinación y comercialización, lo cual va a generar más presión en la cadena de valor del petróleo y derivados que ya tienen precios desalineados respecto a las referencias internacionales».
Y advirtió que «las inconsistencias entre las medidas cambiarias y monetarias anunciadas, junto a la necesidad de seguir cobrando impuesto inflacionario sobre una base menor de pasivos monetarios hace presumir que la inflación doméstica no va a converger a esos valores por debajo del 4% mensual. Esto último va a pegar en algunos costos de la cadena de valor aumentando más la presión en la hoya de los precios domésticos».
«¿Se entenderá, de una vez por todas, que la inflación no aumenta porque aumenta la nafta, sino, al revés, la nafta aumenta siguiendo el aumento generalizado en el índice de precios que representa la inflación?», se preguntó.
Desde una mirada más moderada, Julián Rojo, Director del Instituto de Energía Mosconi (IAE), sostuvo que «no se trata de una medida de política energética, sino de política económica con el objetivo de alinear las expectativas de inflación hacia la baja, y que eso genere un efecto dominó en el resto de los sectores productivos».
«El mayor problema es si se dispara el precio internacional del crudo y se genera un desfasaje de precios con el mercado doméstico. En ese caso, con este tope del 4% de aumento mensual promedio, ambas partes van a tener que renegociar el acuerdo», destacó.
Para Sebastián Menescaldi, economista y director de la consultora EcoGo, el acuerdo le sirve tanto al Gobierno como a las empresas.
«A ambos les permite dejar de perder. Las empresas no estaban pudiendo destrabar las subas que tienen adeudadas y de esta manera tienen un aumento acumulado de casi 17% en cuatro meses. Es contribuir a que la inflación se desacelere. El problema lo tienen las empresas que deben importar productos con un dólar que sube al 7% mensual, muy por encima del aumento del 4% acordado», concluyó.
Por Daniel Barneda
El Economista