La incipiente reactivación de la economía obliga a importar un insumo estratégico
La salida de las divisas complica el plan económico nacional.
El fantasma sigue rondando: la importación de combustibles -gas, en particular- continúa al tope de los rubros de importación que más crecen, lo cual constituye el talón de Aquiles para el plan económico: no solamente supone un gasto de divisas en un momento en el que se intenta cuidar las reservas del Banco Central, sino que además implica una complicación para sostener el ritmo de crecimiento de la producción.
Los datos de la balanza comercial de octubre, recientemente difundidos por el Indec, confirmaron que el problema que se había evidenciado con fuerza durante el invierno continúa ahora con los calores de fin de año. El rubro de combustibles implicó en octubre importaciones por u$s393 millones, que aunque es menor al pico del año, sigue evidenciando un aumento acelerado.
A un espectacular ritmo de 191% anual, el rubro de combustibles es, por lejos, el que lidera la suba de las importaciones. Y la situación no puede achacarse al incremento de los precios en el mercado internacional: mientras los precios registran una variación de 47%, las cantidades importadas crecen a un 98%.
En el acumulado de 10 meses del año, las compras ascienden a u$s4.634 millones. Y la suba no sólo es importante cuando se compara con el recesivo 2020, sino que incluso es un 18% mayor al nivel del pre-pandémico 2019.
Por un lado, el dato podría defenderse como una señal positiva, porque implica un componente de la recuperación económica. Pero, por otra parte, deja también en evidencia la dependencia del sistema energético argentino de la compra de gas del exterior. Es cierto que también están subiendo las exportaciones de combustibles -petróleo, sobre todo- pero, en lo que va del año, su velocidad de aumento es la mitad que la de las importaciones.
Para colmo, esto ocurre en un contexto de crisis de las reservas del Banco Central, que debe enfrentar un cronograma de vencimientos superior a u$s8.000 millones hasta marzo. Una demostración elocuente de esa preocupación oficial es la controvertida medida de prohibir la financiación en cuotas con tarjeta de crédito para la compra de pasajes aéreos.
Más compras y a mayor precio
La preocupación del Gobierno por este tema se ha hecho evidente, mediante la toma de una serie de medidas preventivas. Por caso, el reciente anuncio de la financiación para construir un nuevo gasoducto que facilite el transporte del hidrocarburo extraído de la cuenca de Vaca Muerta. En una primera etapa, se reasignaron fondos presupuestales por $40.000 millones. En los planes oficiales, la nueva obra permitirá un ahorro de u$s1.500 millones al año en importaciones.
El objetivo es que se sacrifique la menor cantidad de reservas -en este momento, preocupación central para garantizar la estabilidad financiera- pero también que no deba repetirse situaciones como la del último invierno, cuando hubo industrias que sufrieron cortes de suministro de gas y debieron sustituirlas por alternativas más caras como el fuel oil.
Los motivos de preocupación son fundados: para empezar, toda economía en crecimiento requiere de un mayor consumo de energía que hace funcionar la industria y transporta mercaderías. Pero, además, hay un nuevo contexto internacional: como consecuencia de los cambios de matriz de producción y consumo de combustible en el mundo desarrollado, hay presiones al alza de las materias primas.
En el caso, el gas, esta situación encuentra a Argentina en una situación netamente importadora. Pero la preocupación del Gobierno es la misma que se esgrime para los altos precios del agro: «desacoplar» los costos locales de los internacionales, para lo cual está intentando varias medidas intervencionistas.
En principio, las perspectivas no son alentadoras: los mercados de futuros indican que, para el caso del gas, los precios actuales se mantendrían al menos un semestre y que para fines del 2022 se ubicará en u$s4,20. Es decir, menos del precio actual pero aun así el triple del precio que se registró hace un año.
Por lo pronto, hay pronósticos pesimistas, como el que expresó el consultor Daniel Gerold en un reciente foro de la AmCham -la cámara que nuclea a empresas estadounidenses en el país-: estima que para el año próximo las importaciones de gas no sólo no disminuirán -como supone el Gobierno- sino que podrían crecer hasta los u$s7.500 millones. Argumento que ello ocurriría por una combinación de mayores necesidades de cantidades de gas, que además se deberán comprar a un precio más alto.
Pero más allá de las fluctuaciones de precios, lo que está detrás de las cifras es un problema estructural: el país está nuevamente en situación de déficit energético, como consecuencia de la escasez de gas que está impulsando las compras desde el exterior.
Estudios de consultores destacan que, en la comparación con el año previo a la pandemia, la producción de gas cayó un 12,5%, mientras que la petrolera subió un 9,7% y que a pesar del gran potencial que supone Vaca Muerta, los esfuerzos del Gobierno por incrementar la producción local encontrará un límite en las dificultades de transporte, dada la saturación de los gasoductos.
Un fondo anticíclico de gas para el invierno
Ante esa coyuntura negativa, el Gobierno intenta paliar la situación con una serie de medidas, empezando por la concreción del Plan Gas, mediante el cual se otorgaron incentivos para la inversión. Gracias a la inyección de hidrocarburos que implicaría ese proyecto, prometió en julio pasado el secretario de Energía, Darío Martínez, se lograría un ahorro de u$s1.500 millones en salida de divisas.
El precio que se ofrece a los inversores equivale a un 65% de la cotización internacional prevista para diciembre próximo. Y el plan implica la terminación de un gasoducto a un costo de u$s2.000 millones. Este último invierno, se consiguió que la inyección de gas al sistema doméstico aumentara un 16%, y se busca incrementar al menos otros 2,5 puntos, con vistas a la temporada invernal de 2022.
Pero las cantidades siguen siendo insuficientes, lo que llevó a que se convocara el mes pasado a una nueva licitación internacional para aumentar la producción de gas.
Es por eso que ahora se está intentando paliar la situación mediante una intervención estatal en la exportación e importación de combustibles, de manera de generar un excedente que pueda ser utilizado en invierno, durante los meses de mayor demanda local. Se habla, por ejemplo, de un «swap» con Chile, un tradicional comprador de gas argentino.
Según trascendió en el ámbito de la industria energética, el Gobierno aspira a que la exportación que se pudo reimpulsar gracias a los incentivos del Plan Gas puedan canalizarse para ese acuerdo, de tal forma de fomentar las ventas en la estación de bajo consumo y utilizar las «reservas» cuando sube la demanda.
Es un tema que todavía está en plena negociación, porque implica a las seis empresas privadas que están incrementando su producción para exportar un cupo y que temen ser obligadas a venderle al intermediario estatal -Ieasa, la ex Enarsa- a un precio que podría ser la mitad del que se maneja en este momento en el mercado internacional.
Sube la tarifa, ¿baja el consumo?
Pero la preocupación de las autoridades no se limita a las limitaciones en el lado de la oferta de gas, sino también a la demanda, que es lo que está impulsando las importaciones. Es el tema más complicado desde el punto de vista político, porque está vinculado a las tarifas públicas y al nivel de subsidio estatal a la energía.
Después de un año de peleas públicas con el ala kirchnerista de la coalición gubernamental, el ministro Martín Guzmán parece haber logrado cierto consenso interno para imponer su criterio de segmentar las tarifas -es decir, aumentar a quienes no puedan acreditar que realmente necesitan el subsidio estatal-.
Más concretamente, se habla de un incremento de un 30% en las tarifas. Esto implicaría, según calcula el ministro en su proyección para 2022, que el rubro de subsidios energéticos pueda caer al menos medio punto del PBI para el año próximo. Hablando en plata, un ahorro de unos u$s2.000 millones, un argumento difícil de rebatirle a un ministro que está en plena búsqueda de ahorro en rubros no esenciales.
Por otra parte, la utilidad de los subsidios había sido muy criticada. Un informe de la Fundación Mediterránea apuntaba a que al fijarse tarifas debajo de los costos, se incentivó una mayor demanda y de desalentó la oferta y la inversión. «Así, los recursos de los consumidores y de las empresas se utilizan de modo ineficiente, haciendo que el crecimiento potencial se debilite».
Peor aun, el informe argumenta que ni siquiera el congelamiento tarifario ha mostrado su clásica justificación como ancla del resto de los precios: medido en términos interanuales, la inflación núcleo se movió 46 puntos porcentuales que el incremento tarifario.
De todas formas, el argumento más potente para la revisión de la política tarifaria es de índole política: el convencimiento, por parte del kirchnerismo, de que el subsidio estatal a una clase media que le ha dado la espalda desde el punto de vista electoral no se justifica y que es mejor reasignar los recursos fiscales para concentrar la ayuda en el segmento de menores ingresos, donde espera recuperar votos con vistas a 2023.
Pero claro, aun así queda la duda sobre cuánto incidirá este eventual incremento tarifario sobre la demanda y si, en todo caso, las reservas del BCRA sentirán el ansiado alivio de una menor importación de gas.
Hasta ahora, las predicciones juegan en contra. Por lo pronto, la ley para zonas frías llevó a cuatro millones los beneficiarios de una tarifa baja. Mientras se debatía ese proyecto, un estudio de Salvador Gil y Roberto Prieto afirmaba que en la Patagonia, a igual temperatura, los usuarios usaban el doble de gas que en otras regiones. Y agregan que eso incide en la forma en que se acondicionan los hogares: no se invierte lo suficiente en aislamiento ni otras formas de ahorro de energía.
Además, el economista Nicolás Gadano advertía que el esquema de subsidio patagónico implica un triple subsidio. El primero es el que reciben todos los consumidores del país, al pagar un precio menor al costo del gas, una diferencia que se cubre con el Plan Gas. El segundo es por un descuento de ese gas para la zona patagónica, dado que el Estado le vende a las distribuidoras a mitad de precio respecto del resto del país, una diferencia que termina pagando el Tesoro. Y el tercero es el descuento en el costo de transporte y distribución, de un 50%, que se paga con un fondo fiduciario creado en 2002.
El resultado de este esquema es que el precio real que paga el patagónico es un 75% inferior al del resto del país. Con el detalle, naturalmente, de que el resto del país tampoco paga un precio real, sino que, de acuerdo a un ranking de la International Energy Agency, se abona un precio 77% inferior a la media.
Por Fernando Gutiérrez
iProfesional