Río Negro avanza en el control de la infraestructura petrolera

El Gobierno de Río Negro avanzó en un proyecto de ley que regula el manejo de los ductos en busca de darle un valor agregado a los hidrocarburos.

Con el objetivo de establecer facultades de control y fiscalización del transporte de hidrocarburos, el Gobierno de Río Negro avanzó en un proyecto de ley que regula el manejo de los ductos en la provincia. La flamante medida modifica la denominada Ley Lasalle (N° 3308), que prohibía el desarrollo de infraestructura para el transporte de crudo o gas desde las costas rionegrinas, un paso fundamental para un cambio en la relación del distrito con la industria. Con esta reforma, se da otro paso en el plan de darles un valor agregado en la Patagonia a los hidrocarburos de la Cuenca Neuquina.

La avanzada del Gobierno de Río Negro, que le da facultades a la cartera de Energía, hoy en manos de Andrea Confini, con el respaldo de todas las fuerzas políticas en la Legislatura provincial, desató polémica por la posible reacción del gobierno nacional, aunque desde el partido de gobierno Juntos Somos Río Negro (JSRN) desmienten cualquier conflicto a corto o largo plazo.

Las especulaciones giran sobre el manejo de las 22 concesiones de transporte de hidrocarburos que existen actualmente en Río Negro, de las cuales 14 fueron otorgadas por el gobierno nacional y ocho por parte de la provincia. Fuentes del gobierno patagónico ratificaron que “no habrá conflictos de intereses” porque hay disposición de ambas partes.

El ejemplo contundente es la proyección de un oleoducto de YPF a Punta Colorada, el puerto de Sierra Grande. En esa localidad es donde se proyecta también el ambicioso plan de hidrógeno verde, la carta de presentación al mundo de la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras. Entre varios factores, se destaca la conformación de la zona franca, un dato no menor para la llegada de inversiones que repercutirán –entienden en el Gobierno– en las economías locales.

Esta movida que empezó en la arena legislativa tiene por objetivo darle un marco normativo al desarrollo de emprendimientos para conformar un nuevo polo industrial. La idea de desplazar a Bahía Blanca como el principal receptor de lo que sale de Vaca Muerta ilusiona a los rionegrinos. Por eso la necesidad de ingresar como provincia a los planes de inversión de las grandes empresas.

“Buscamos estar en una mesa de discusión, de debate, para encontrar los proyectos que favorezcan los intereses de los rionegrinos. Veremos si hay proyectos de quienes quieran aprovechar nuestra salida al océano, con el calado necesario para esta actividad”, analizó el legislador Sebastián Caldiero (Juntos Somos Río Negro).

La explicación del ex titular de Energía en el gobierno de Alberto Weretilneck se encuadra en lo que se analiza desde hace tiempo con diversos proyectos para darles una vuelta de tuerca a las ganancias que salen de Vaca Muerta. Uno de ellos es la instalación de una planta de gas natural licuado (GNL), con la venia de YPF. En ese plan, las autoridades lograron un aliado de fuste como el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, uno de los jugadores del sector que pidió inversiones para Río Negro.

“Queremos fiscalizar todo el sistema de transporte, los tanques de almacenamiento y rebombeo. Buscamos hacer un seguimiento con registro de todo lo que hay. Actualmente se le da a la Nación. Queremos acceder de modo automático de la información, no por la buena predisposición”, aseguró Caldiero, miembro informante en el Parlamento de esta ley que tiene varios apartados.

Entre los argumentos, deslizados también en la última sesión, Caldiero citó lo que sucede en los yacimientos. “Mientras lo hagamos de manera complementaria, no debería ser un problema para nadie. Sumamos y colaboramos con el control”, analizó el cipoleño, y añadió: “Lo que sucedió en Medanito, la provincia no tiene poder de actuación frente a un incidente. Solo queda la actuación en el plan de contingencia. Eso deja en evidencia que el control que ejerce la Nación es un control en forma, no físico en el campo”.

Así las cosas, una de las justificaciones adelanta que cada proyecto hidrocarburífero deberá tener un respectivo visado de la autoridad de aplicación provincial (Secretaría de Hidrocarburos), previo a su ejecución, con una lista de requisitos con diversos detalles técnicos al respecto.

Vistos bueno

El artículo 15 del proyecto de la ley que fue aprobada en primera vuelta el jueves en la Legislatura rionegrina modifica el artículo 1º de la Ley M Nº 3308, la denominada Ley Lasalle. La antigua norma impedía la instalación de oleoductos o gasoductos y de terminales para carga y descarga de buques. Con la flamante modificación, el texto deja sin efecto la última parte, lo cual hace viable la millonaria inversión anunciada por YPF (ver pág. 5), entre otros proyectos. Río Negro también sueña con una planta de GNL en el puerto de San Antonio.

Por Ariel Boffelli

La mañana en Neuquén

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