Reclaman «seguridad jurídica» para el sector de los biocombustibles
Tras la vuelta a comisión de la «Ley ómnibus», las productoras más chicas advierten que las grandes empresas «quieren regular a su favor».
Las empresas pymes argentinas productoras de biodiésel del país continúan con su «cruzada» en contra de las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, respecto del negocio del biodiesel.
Siguen advirtiendo a las autoridades que las normas establecidas favorecen a las grandes corporaciones internacionales a las que además acusan por la «grave situación que atraviesa el sector, que se encuentra virtualmente paralizado desde hace meses por faltante de materia prima para la producción de biocombustibles».
De hecho, en septiembre del 2023 varias productoras de este segmento frenaron la producción, responsabilizando a las aceiteras multinacionales de no poder cumplir con su tarea de desarrollar biodiesel que se utiliza para la mezcla obligatoria con diesel de origen fósil.
Ley ómnibus: productoras de biodiesel temen por un cambio clave
El liderazgo del reclamo lo tiene la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), entidad que agrupa a la totalidad de las empresas productoras de biodiesel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis.
Todas rechazan el intento oficial de modificar la Ley 27.640 de Biocombustibles, porque sostienen que va a regular la industria en favor de las grandes aceiteras concentradas en Santa Fe, además de sostener que la norma está vigente, establece un marco normativo de promoción para el sector con vencimiento en 2030 y fue determinante para la realización de inversiones conforme las prioridades de emplazamiento y tamaño que el propio Estado definió.
Por eso entienden que introducir cambios de la magnitud de los planteados en el proyecto original implica una variación de las reglas de juego que vulneran la seguridad jurídica.
Biocombustibles: pymes acusan al Gobierno por «falsa» libre competencia
Ahora, la cámara empresaria observa «con preocupación» que, tras la vuelta a comisión de la «Ley ómnibus», otros actores del sector elaborador de biocombustibles, que oportunamente plantearon su negocio por fuera del régimen vigente y con destino al mercado externo, «se comportan como paladines de la desregulación cuando lo que quieren es regular a su favor».
Según un informe de la CEPREB, que firma su director Ejecutivo, Federico Martelli, estos sectores «propugnan la libre competencia, pero eligiendo contra quienes competir».
Con el régimen vigente, sostienen que las Pymes que invirtieron en base a él, no pueden entrar en un sistema de libre competencia como se pretende.
«No pueden hacerlo contra las compañías integradas que tienen una escala hasta 10 veces más grande y su capacidad instalada triplica las necesidades del mercado local; además de ser los productores de la materia prima que estas Pymes requieren», anticipan las compañías.
Del mismo modo, aseguran que tampoco se incluye a compañías no integradas o de menor tamaño radicadas en el cinturón del Gran Rosario, por la desventaja que implica su emplazamiento lejos del puerto, tal como se pretendía con un dictamen alternativo atribuible a Santa Fe.
Cambio de reparto
La cámara insta tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo a analizar el tema para revisar posturas. «Nadie podrá demostrar que cambios como los propuestos incrementarán la actividad vía nuevas inversiones en el sector», advierten.
De hecho, explican que la industria del biodiesel tiene una capacidad instalada que triplica el consumo local, por lo cual sostienen que «solo generarán un cambio de reparto en favor de quienes plantearon inversiones con destinos de exportación, en perjuicio de localidades y pueblos del interior que hoy tienen en las Pymes productoras de biocombustibles actividad y empleo que no pueden reemplazar de un día para otro».
La entidad empresaria no se opone a rediscutir aspectos que se puedan mejorar del régimen, en la medida que ello no implique su punto final seis años antes de lo legislativamente previsto.
Pero rechazan «maquillar» una desregulación, cuando lo que se pretende es cambiar el destinatario de la regulación en favor de actores que planificaron sus inversiones con otro objetivo de negocio o, en algún caso, generar privilegios solo por ubicación geográfica.
Para la cámara, «el juego limpio implica respetar a cada uno de los actores del negocio, el marco de referencia con el que plantearon sus inversiones».
La parálisis laboral en el rubro de biocombustibles
En otro documento anterior, publicado a principios de enero, las pymes habían advertido que la parálisis de la industria pone en riesgo 2.000 puestos de trabajo de manera directa y 8.000 de manera indirecta que se generan en torno a la industria del biodiesel.
Sostenían además que el aceite de soja es el principal insumo y representa el 85% del costo de fabricación de biodiesel, «por lo que las aceiteras, con su actitud temeraria, impiden producir biodiesel en un momento delicado de nuestro país, dado que hace pocos días vimos un faltante de combustible a lo largo y ancho de la Argentina en momentos en los que el campo debe poner en marcha la nueva campaña».
A esto le suman el impacto que en el sector pueden llegar a tener varios artículos de la Ley ómnibus que el Gobierno debe volver a defender en Comisión, tras el fracaso en la Cámara de Diputados.
Señalan que si se autorizan las modificaciones, varias empresas pymes productoras de biosiesel «irán a la quiebra», ya que se implican directamente la desaparición de las productoras más chicas al dejarlas expuestas a competir en condiciones desiguales y desventajosas con los grandes grupos aceiteros nacionales y multinacionales, que son productores de la materia prima y tienen una escala de producción ampliamente superior, ambas cosas prohibidas en la ley vigente para las pymes.
Del total de empresas involucradas en la queja, 24 operan en el interior del país, muchas de ellas en ciudades y pueblos pequeños de Entre Ríos, Santa Fé, La Pampa, San Luis y Buenos Aires
Todo este entramado productivo se asentó sobre la Ley 26.093 sancionada en el 2006 y la Ley 27.640 del 2021 que tiene vigencia hasta el 2030, por lo que las productoras sostienen la existencia de derechos adquiridos ya que los empresarios del sector realizaron las inversiones con un marco jurídico que les otorgaba cierta previsibilidad que, según denuncian, ahora se quiere romper.
Por Andrés Sanguinetti
iProfesional