Petroleras reclaman por deuda que el Congreso busca desconocer

Las empresas manifestaron su malestar por la demora en el cobro y advirtieron que la derogación del decreto que impulsa el oficialismo en el parlamento no afecta sus derechos adquiridos.

Una semana después de que el Senado dio media sanción a la derogación del decreto 1053/18, con el que el presidente Mauricio Macri asumió una deuda que las distribuidoras mantenían con las petroleras por la devaluación de 2018, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) que reúne a las principales productores de hidrocarburos, entre los que figura YPF, le envió una carta al gobierno en la que reclaman por la demora en los pagos y le advierten que los derechos adquiridos no pueden ser vulnerados por el Congreso. Además, subrayaron que este conflicto también afecta el programa de estímulo a la producción de gas que viene negociando el gobierno.

El 1 de julio que el secretario de Energía, Sergio Lanziani, había decidido suspender el pago que debían recibir las distribuidoras de gas por las cuotas atrasadas correspondientes al decreto 1053/18.

Lanziani tomó esa decisión de frenar el desembolso luego de que el interventor de Enargas, Federico Bernal, presentara una denuncia contra el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, donde lo acusa de pactar precios con las empresas en perjuicio de los usuarios.

En respuesta a esa decisión, la CEPH le envió al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, una carta el pasado 13 de julio manifestando su preocupación por la demora en los pagos.

Matías Kulfas

La semana pasada, Bernal elaboró una propuesta, que le acercó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para rebajar las facturas de gas del invierno y solventar el costo de esa medida con los 9788 millones de pesos que el gobierno podría ahorrarse si no paga las cuotas de este año correspondientes al decreto 1053. Al mismo tiempo, el Senado avanzó con la derogación de esa norma.

En este contexto, la CEPH volvió a reclamar por la falta de pago y además dejó en claro que la iniciativa que impulsa el oficialismo en el Congreso no afecta sus derechos adquiridos.

“Las empresas productoras nucleadas en la CEPH, que han adherido al régimen creado por la normativa mencionada, y que como contrapartida de ello debieron renunciar a los reclamos por la falta de pago de deuda asumida por el Estado Nacional generada por las diferencias diarias acumuladas correspondientes al precio de gas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) han cumplido estrictamente con todos los requisitos exigidos por el art. 7 del Decreto 1053/18 y su reglamentación, y continuaron suministrando gas natural a las distribuidoras”, dice el texto.

Luego agregan que “las empresas productoras tienen un derecho adquirido a percibir la totalidad de la deuda asumida por el Estado Nacional por cuanto ya se han cumplido con todas las exigencias del régimen del Decreto 1053/18”.

Las empresas también dejaron en claro que la iniciativa que impulsa el Congreso para derogar el decreto no afecta ese derecho. “Conforme lo previsto en el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional y en la Ley 26.122, el Decreto 1053/18 mantiene su plena validez y vigencia hasta que no se concrete un rechazo por parte de ambas cámaras del Congreso. Aún si ello ocurriere, los derechos adquiridos durante la vigencia del decreto 1053/18 no pueden ser vulnerados por parte del Congreso de la Nación (cfr. art. 24 de la Ley 26.122)”.

Federico Bernal

Impacto en el plan gas

El gobierno venía negociando un nuevo plan gas para incentivar la inversión y de ese modo incrementar la oferta de cara al invierno de 2021, pero esa iniciativa se demoró debido a la denuncia de Bernal y la decisión oficial posterior de frenar los pagos del decreto 1053.

La CEPH dejó en claro ayer que ese freno no solo deja abierta la posibilidad de un litigio sino que además pone en riesgo el Plan Gas 4. “La mora en el pago de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional, así como el hipotético y eventual desconocimiento futuro de esas obligaciones, constituyen una señal profundamente negativa para la inversión de nuestro sector así como un grave desincentivo para que las empresas productoras de gas natural se incorporen a programas de estímulo a la producción”, dice el texto.

Por Roberto Bellato
EconoJournal

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