La ley ómnibus crea los mercados de carbono
Advierten que para 2030 los centros de datos demandarán el 20% de la energía global.
La ley ómnibus también dedica un capítulo a la transición energética, en el que trae una novedad de una herramienta que no existía en Argentina, pero si en otros lugares, como en Europa. Crea lo que se conoce como mercados de carbono, donde el Gobierno le da a las empresas un tope de emisiones, y quienes lo cumplan, podrán venderlo a otras compañías que necesiten lograr su objetivo y evitar penalizaciones. La información se encuentra en los artículos 294, 295, 296, 297 y 298.
Allí se faculta a al Poder Ejecutivo Nacional a asignar derechos de emisión de gases de efectos invernadero (GEI) a cada sector de la economía, compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de gases de efectos invernadero (GEI) comprometidas por el país para el 2030.
La diferencia entre la ley ómnibus original y el texto que será tratado finalmente en el Congreso es que se suma a las provincias en el diseño. Así quedó establecido en la ley: «El diseño del modo de asignación de derechos de emisión incluirá reuniones técnicas con representantes de los distintos sectores de la órbita pública nacional y provincial, y privada; así como representantes de la academia y de organizaciones civiles vinculadas con la temática». De todos modos, aclara: «Las propuestas y opiniones no serán legalmente vinculantes».
Sobre el mercado de derechos de emisión de gases de efectos invernadero (GEI), quien haya sobre cumplido su meta pueda vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización.
Elisabeth Mohle, investigadora en Fundar, definió a los mercados de la siguiente manera: «Esquemáticamente funcionan bajo el principio de CAP AND TRADE: estableciendo un tope de emisiones -a nivel nacional en este caso- asignando derechos de emisión y habilitando la negociación de los mismos entre las empresas. Como ejemplo, mencionó: «Si una empresa automotriz con medidas de eficiencia energética y la incorporación de energía renovable logra emitir menos de lo que le fue asignado, puede venderle la diferencia a otra empresa que no haya logrado mantenerse bajo su límite».
A través de un hilo en su cuenta de X, Mohle agregó: «Dado que el gobierno propone esta herramienta para cumplir con el Acuerdo de París, significa alcanzar la meta de 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) en 2030. A modo de referencia, en 2018 emitimos 366 MtCO2e».
En función de ese tope entonces la ley faculta al gobierno a: establecer anualmente límites de derechos de emisión, asignar derechos de emisión a cada sector de la economía, monitorear el cumplimiento de las metas y penalizar en caso de incumplimiento, establecer un mercado donde quienes cumplan su meta puedan vender servicios a los que los necesiten para lograr su objetivo, y establecer las reglas del mercado, la plataforma de registro de las transacciones y resguardar que no existan posiciones dominantes.
Para la investigadora, «el mercado de carbono puede ser una herramienta apropiada para aportar a la mitigación de las emisiones argentinas, pero hay que poner mucha atención a la regulación e implementación y, sobre todo, no puede ser el único instrumento».
Por este motivo, Mohle planteó cuatro dudas sobre cómo será el funcionamiento:
1) «Hay cierto consenso acerca de la dificultad para cumplir la meta de la emisiones en un escenario de crecimiento económico y de expansión de Vaca Muerta. ¿Va a ser un límite innegociable o cómo se va a establecer el tope anual?».
2) «Una clave del esquema es la asignación de derechos de emisión que tiene que estar basada en un conocimiento y monitoreo estricto de las emisiones de cada sector. Habiendo reducido ambiente a una subsecretaría, ¿quién haría ese trabajo?».
3) «El tema aparece en el apartado de transición energética, ¿sólo se va a limitar a ese sector o va ser más amplio? Con el protagonismo en las emisiones del agro en Argentina, no hay forma de cumplir la NDC sin abordar sus emisiones».
4) «Los mercados no pueden funcionar como un esquema aislado, sino insertos en una estrategia de transición más amplia que incorpore la actualización del impuesto al carbono, renovables, eficiencia energética, deforestación, etc».
Por Florencia Barragan
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