Juan José Aranguren: “El plan energético de Milei está claro, pero su implementación puede ser difícil”

El ex ministro de Energía cree que el plan energético de del gobierno va por buen camino y que los aumentos de tarifas mejorarán la calidad de los servicios públicos.

El ex ministro de Energía Juan José Aranguren tuvo en 2016 el desafío de cambiar de esquema tarifario, quitar los subsidios a la luz y el gas y potenciar Vaca Muerta, una situación muy parecida a la que encuentra hoy el gobierno de Javier Milei. Cree que el plan energético es el correcto y sostiene que liberar el dólar completamente ayudará a atraer inversiones.

– ¿El plan energético de Milei es el correcto?

– Sí, está claro, los objetivos los tiene claros. Reconocer que la energía cuesta, que tenemos que cuidarla y que el precio tiene que reflejar el costo de producirla. La implementación puede ser difícil.

– ¿Cómo considera que el Gobierno quiera restringir la cantidad de usuarios que puedan acceder a los subsidios y solamente destinar la ayuda del Estado cuando los hogares gasten más del 10% de sus ingresos en energía?

– Está muy bien eliminar los subsidios generalizados a todos, para que solamente se subsidie a aquellos que están en una situación de requerimiento porque sus ingresos no le alcanzan. La literatura internacional menciona que un hogar está en una situación de pobreza energética cuando tiene que gastar para sus consumos más del 10% de su ingreso. Nosotros en 2016 aplicamos la «tarifa social federal», que excluye de los subsidios a quienes tuvieran más de una casa, un vehículo con una antigüedad menor de 5 años, obviamente una embarcación, un avión, etc.

– Hay 14 tipos distintos de subsidios, ¿es fácil unificarlos?

– Es fundamental corregirlo porque un subsidio generalizado es totalmente ineficiente. Voy a tomar el ejemplo de los fondos fiduciarios, el caso de la zona fría. Ese régimen creado en 2002 después fue extendido en 2022 por el ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) Federico Bernal. Hoy dos terceras partes del país están bajo este esquema y requieren un subsidio, que es independiente del nivel de ingreso familiar. Hay gente que vive en el sur de Córdoba o de Santa Fe, con alto poder adquisitivo, que tiene un descuento en su factura del 30%, simplemente porque a alguien se le ocurrió subsidiar a todo el mundo, sin identificar si es correcto o no.

Este sistema se financia mediante subsidios cruzados de otros usuarios, que está prohibido por los marcos normativos. A los que no están en la zona fría se les cobra más y genera una masa de dinero girando, que tiene un costo para el Estado de administración y es totalmente ineficiente.

– ¿Qué le parece que fue lo peor que hizo el kirchnerismo en energía? ¿Y lo mejor?

– Lo peor es suponer que la energía es un bien que el Estado puede administrar y regalar. El kirchnerismo hizo populismo energético: sacrificar el futuro para disfrutar el presente. Nos vendió espejitos de colores. Generó más déficit fiscal y empezó a emitir moneda, lo que se transformó en inflación. También nos hizo vivir en «emergencia» permanente, desde 2002 a 2017 y desde 2019 en adelante.

Lo mejor fue el programa Hogar en el año 2013-2014, para identificar en función de la zona donde vivían los hogares que consumían gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas, en función del mes del año, la cantidad de integrantes del hogar, y darle un subsidio que no eran garrafas, que no eran metros cúbicos, que no eran electrones, sino que era un monto de dinero, en una tarjeta para el responsable del grupo familiar.

– ¿Los aumentos de tarifas van a derivar necesariamente en una mejor calidad de servicio?

– Cuando nosotros ajustamos el sistema tarifario en 2016 y 2017, se empezó a medir en forma correcta los dos parámetros fundamentales para la calidad de servicio, que es la cantidad de cortes por habitante por semestre y la duración promedio. En el caso de Edenor y Edesur, se vio una clara caída en esos parámetros, por lo que la calidad de servicio mejoraba. En relación al gas, reestablecer precios de mercado genera una mayor oferta, y a la larga se va a ver reflejado en una mejor disponibilidad, exportaciones, ingreso de divisas al país que van a ayudar a resolver esta delicada situación económica.

– ¿Qué le parece el plan de YPF de cuadriplicar su capitalización en cuatro años?

– El objetivo de cualquier directorio de una empresa es velar por el interés de los accionistas. Si yo utilizo a YPF como herramienta de política energética y le ordeno que haga importaciones a pérdida, como ocurrió hace poco, el directorio está incumpliendo con su objetivo.

– Bueno, pero hay un debate sobre el rol de las empresas públicas, en este caso si YPF tiene que salir a cubrir lo que otras petroleras 100% privadas no quieren ofrecer por las condiciones del mercado.

– Si el Estado quiere tener una empresa que haga eso, que la nacionalice completamente o que sea una Sociedad del Estado, donde no importa el fin de lucro o la sustentabilidad económica de la empresa. Y esto ocurre en muchos lugares. Te doy un ejemplo de la diferencia en el manejo de una empresa, que es Petrobras (Brasil). En 1998 la Argentina tuvo récord de producción de petróleo crudo, con 850.000 barriles por día. Brasil, ese año, con una empresa monopólica, produjo 650.000. El año pasado nosotros terminamos con ese nivel de producción, después de haber caído hasta 450.000. En 25 años, Brasil estaba en 3,3 millones de barriles por día. Pasaron varios presidentes como Cardoso, Lula, Dilma, Temer y Bolsonaro pero mantuvieron la política de que la empresa actuaba en pos del interés general del país.

YPF no tiene que estar para hacer lo anti-económico. Eso provocó que con la cantidad de recursos que tiene, el valor de las acciones sea muy inferior a la multa que el Estado tiene que pagar por la nacionalización parcial.

– ¿La Argentina puede exportar gas licuado al mundo en un solo proyecto con YPF a la cabeza?

– Habría que dejar que el mercado responda. En el mundo también se hacen proyectos donde las distintas compañías participan, sobre todo para reducir riesgos ante la incertidumbre, para limitar su participación accionaria. Por lo tanto, hay que destinar grandes inversiones. Las leyes no pueden tener nombre y apellido, como era el proyecto de ley para la promoción del GNL que era a favor de YPF y Petronas. Las leyes tienen que habilitar a todos los que quieran invertir en una actividad y el mercado decidirá si se juntan o no. Pero usar el poder dominante de una empresa que está sujeta a una decisión política no es conveniente y puede provocar problemas para el país.

-¿Cómo afecta el cepo y las restricciones cambiarias al sector?

– El principal problema de los inversores en Argentina es que no hay libertad para el que trae sus dólares de obtener una renta y poder recuperar las divisas a partir de los dividendos. Hoy podríamos estar triplicando la producción de Vaca Muerta, si no fuera por el cepo. Cuanto antes podamos salir de esta restricción cambiaria, mejor. Y todos los regímenes de incentivo que tenemos, es puramente para garantizar que en el futuro el administrador no va a cambiar las reglas sobre la disponibilidad de divisas en el país. ¿Por qué no hacemos lo contrario? Dispongamos de las divisas porque la economía está saneada, que no vamos a tener necesidad de ningún régimen de incentivo.

Clarín