El gobierno apuesta a que IEASA controle el nuevo gasoducto a Vaca Muerta
A su vez, impulsa un proyecto para que controle gran parte, si no todas, las exportaciones de gas natural.
Hay en danza una serie de propuestas para modificar las reglas de juego de la industria del petróleo y gas que, de convertirse en regulaciones, supondrán un cambio mayor tanto en el negocio como en el rol de las provincias productoras.
Además del incierto destino de la exploración de nuestro offshore, existe un compromiso tomado por nuestro país en COP 26 para reducir en una muy importante magnitud las emisiones de gases de efecto invernadero.
Ambas cuestiones aparecen como antagónicas. Pero nada hay definido.
Sirva a modo de comparación: entre hoy y el 2023 se invertirán 36.000 millones de dólares en el offshore brasileño. Y Guyana está muy cerca de producir 1 millón de barriles por día. Pero no voy a dedicarle a esto más que lo inmediatamente arriba dicho.
La industria se encuentra hoy en el medio de un panorama incierto por una serie de cuestiones que no terminan de resolverse, algunas de larga data como el proyecto de Promoción de la Industria de los Hidrocarburos y la indefinición respecto de la participación de los biocombustibles en las naftas y el gasoil.
El proyecto de ley para promover la exploración, producción, industrialización, transporte y exportación de hidrocarburos se encuentra en la comisión de Energía del Senado.
En números
3.400 millones de dólares es el costo estimado por el gobierno para la red de gasoductos del plan Transport.Ar.
Hay quienes dicen que no avanzará, otros opinan que sufrirá varias modificaciones, aunque el presidente presentó el proyecto en sociedad un día después de la derrota en las elecciones PASO.
En cualquier caso, no se tratará en el Congreso en lo que resta del año. Si es que no muere en el olvido.
Paralelamente acaba de darse a conocer un plan para realizar fuertes inversiones en el desarrollo de infraestructura de transporte de gas con el objetivo de reemplazar el actual consumo de productos energéticos importados. La inversión total estimada es de 3.400 millones de dólares.
Bien puede pensarse que estas obras se podrían hacer bajo el paraguas de la ley de promoción ya mencionada. Pero no será así.
No hay claridad respecto del derecho de uso de los caños a tender, ni de las tarifas de transporte. Pero sí se sabe que IEASA (la exEnarsa) obtendrá una nueva concesión de transporte.
También tenemos una iniciativa para que IEASA se convierta en agregador de la producción de gas con destino a la exportación y… ¿A toda la demanda?
Tomemos el caso de Bolivia, donde YPFB opera como agregador tanto para el gas a exportar como para el destinado al mercado interno. En Bolivia el upstream opera con contratos de servicios y no concesiones, por lo que los productores no tienen la libre disponibilidad de lo que producen. Este no es nuestro caso.
El dato
500 millones de dólares se giraron a IEASA e YPF a partir del impuesto a la Riqueza.
También sabemos que la producción de Bolivia declina en forma monótona y esto se ha convertido en una de las razones para invertir en la expansión del sistema de transporte.
Debemos compensar la caída de las importaciones de gas boliviano y de la producción de nuestra Cuenca Norte.
Recordemos que el país ya había invertido en la construcción del gasoducto del Noreste…para captar el gas contratado a Bolivia.
Quienes impulsan la iniciativa de convertir a IEASA en agregador de la producción de gas, apuntan a que la empresa estatal capture parte del margen de las ventas, especialmente en el mercado de exportación, convirtiéndose en un monopolio tanto frente a los demandantes extranjeros, como a los productores y compradores nacionales.
La iniciativa citada no es diferente de lo que viene ocurriendo con Aerolíneas Argentinas, concentrando una oferta escasa y muy cara y, así, deteriorando la conectividad en el país.
Este esquema viola al Plan Gas vigente. Viola los derechos de los productores y supone una confiscación indebida de los flujos de fondos de las productoras. Y perjudica a las provincias productoras, que cobrarán sus regalías en función del precio de venta del productor a IEASA y no del precio de exportación.
De concretarse esta iniciativa, las actuales concesiones se transformarán, de hecho, en contratos de servicios, avasallando el poder concedente de las provincias.
También tenemos al estado nacional girando a IEASA parte de lo recaudado por el impuesto a la riqueza. A su vez IEASA gira dichos fondos a YPF, capitalizándola. Capitalizando a toda YPF, incluyendo a los accionistas privados.
Es difícil pensar que este trato preferencial del estado nacional vía IEASA hacia YPF no se de en los mecanismos de agregación de producción en desmedro del resto de los productores. Si esto fuese así, tendremos un proyecto de desaliento a la producción de las empresas privadas, y no de promoción. Y, reitero, un perjuicio para las arcas provinciales.
Si agrupamos todo lo dicho, tendemos gasoductos construidos, controlados por el estado, con uso preferencial por parte de IEASA/ YPF, y con exportaciones a cargo de IEASA. La pregunta es obvia ¿Porqué no hacer lo mismo con el petróleo?
Parece ser que queremos volver sobre nuestros pasos, alimentados por nuestra obsesión sobre el pasado y el desprecio del futuro.
Deseo estar profundamente equivocado y a la realidad me someteré. Pero solo a ésta.
Por José Luis Sureda
(*) El autor es ingeniero Químico y en Petróleo. Fue secretario de Hidrocarburos de la Nación entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017.
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