Petróleo y Gas

Gremios de energía reclaman una ley que fije una política de Estado

Solicitan medidas de incentivo para el sector privado, contemplar la sustentabilidad ambiental, seguridad jurídica, regular el cumplimiento estatal de precios pactados y subsidios concedidos además de la regularización del sistema de regalía de las provincias productivas.

La Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines, Agua, Saneamiento y Medio Ambiente (CATHEDA) reiteró el martes en nombre de las organizaciones sindicales que nuclea su reclamo de una ley que fije una política de Estado para el desarrollo energético.

Lo hizo a través de una solicitada de prensa con la firma de su titular, Antonio Cassia, quién además preside la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH), donde se señala que «no hay desarrollo sin crecimiento de la producción y no hay producción sin inversión, sin financiamiento y sin energía».

El texto aseguró que «para esto, YPF nuestra Empresa de Bandera es no sólo la más importantes abastecedora de combustible, sino que con la diversificación de sus actividades, representa hoy el motor de desarrollo global para el país».

Y agregó: «YPF Agro, dinamiza la actividad agropecuaria; YPF Gas es vital en producción y Provisión de ese segmento; YPF Luz potencia la optimización de recursos naturales para la energía eléctrica, y en materia de innovación e investigación la puesta en marcha de Y-TEC es imprescindible para proyectar el futuro».

En ese sentido puntualizó que YPF «se afianza como nave insignia para la creación de fuentes de trabajo, el fortalecimiento de las actividades energéticas e industriales, y el crecimiento sostenido de la economía nacionales».

Asimismo, añadió que YPF «cumple una misión esencial con productos de origen petroquímico para el mercado químico e industrial; brinda una asistencia primordial a la actividad minera y es el proveedor indispensable del transporte aéreo, fluvial y marítimo», destaca que «fundamentalmente es la principal operadora en el mega-yacimiento Vaca Muerta».

«Para los trabajadores de la Energía esta Política de Estado debe alentar también el desarrollo del sector privado; contemplar la sustentabilidad ambiental; una normativa regulatoria legal y reglamentaria que integre el ámbito nacional, provincial y municipal; la seguridad jurídica que garantiza la equidad y estabilidad económico-social del derecho aplicable; regular el cumplimiento estatal de precios pactados y subsidios concedidos y la regularización orgánica y homogénea del sistema de regalía de las provincias productivas», detalló.

Finalmente la Catheda señaló que «como protagonistas del sector, tenemos la firme decisión de colocar este punto al tope de la agenda para el Desarrollo. Las definiciones en materia de política energética no admiten más demoras».

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