Argentina pide extender el plazo para depositar la garantía en el juicio YPF
Es para darle a la nueva administración de Javier Milei un mínimo de treinta días para evaluar las condiciones en las que se lleva a cabo el litigio en los tribunales de Nueva York.
La defensa argentina solicitó a Loretta Preska, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que lleva la causa por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012, extender el tiempo que tiene el país para depositar una garantía y evitar embargos. La fecha original dispuesta por la justicia estadounidense era el 5 de diciembre, días antes del recambio presidencial. Con este escenario, la defensa argentina pidió que lo extiendan hasta el 10 de enero de 2024 para darle a la nueva administración un mínimo de treinta días para evaluar las condiciones.
Es que tras conocerse los resultados de la elección presidencial, Preska concedió atribuciones a Argentina en la causa por la nacionalización de la petrolera. Mientras se espera una sentencia firme para el fallo que obliga a la República a pagar 16.100 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital por la forma en que se nacionalizó la compañía en 2012, accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio, que era imposible de pagar por el país. A cambio, sugirió que aporte otros activos antes del 5 de diciembre, como garantía para evitar embargos.
Entre los activos que sugirieron los buitres como alternativa al bono de 16.100 millones de dólares de fianza, se encuentra el 26 por ciento de la participación accionaria que tiene el Estado Nacional ( el 25 restante es propiedad de las provincias) en la compañía y un crédito a cobrar por parte del gobierno de Paraguay en la construcción de la represa generadora de energía binacional de Yacyretá. También intentaron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que la jueza omitió porque la ley argentina exige que los fondos de pensiones «sólo podrán destinarse al pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino».
Para que el nuevo gobierno tenga tiempo de evaluar la decisión, la defensa argentina solicitó la extensión del plazo para el pago de la fianza hasta, por lo menos, el 10 de enero. Antes de enviarle la carta a Preska, los abogados de la República consultaron la posibilidad de prórroga a los abogados demandantes, que se opusieron a menos que la República acepte un «calendario acelerado para la apelación».
Es que el juicio tiene una sentencia en primera instancia en contra de la República Argentina, pero se encuentra en proceso de apelación. Argentina primero (por el resultado), y los demandantes (porque YPF quedó eximida de responsabilidad en la primera sentencia) e YPF después (para defenderse), notificaron formalmente su intención de apelar. El calendario para presentar los escritos con los argumentos de la apelación se deben empezar a presentar el año que viene (el primero de la Argentina es el 23 de enero), pero Preska le pidió al país que acepte un calendario para acelerar el proceso. «La República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la Orden del Tribunal», aseguró la defensa Argentina.
Un largo camino
Preska, que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, le había puesto en septiembre número a un proceso que ya lleva ocho años de disputa entre el fondo buitre Burford Capital y la República Argentina, cuya defensa y apelaciones están en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini.
La jueza había determinado que Argentina debe pagarle al fondo buitre Burford 16.100 millones de dólares (entre intereses y capital) por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. El país se comprometía a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
La República notificó que utilizará la primera de las dos instancias de apelación que tiene, por lo que el juicio aún no cuenta con sentencia firme. Las leyes de Estados Unidos obligan a que, a pesar de que un juicio no cuente con sentencia firme, el acusado entrega una fianza como forma de garantía para los demandantes. Argentina pidió a la jueza eximirla de esta responsabilidad (un bono de 16.100 millones de dólares a ejecutarse en caso de que la sentencia quede firme) manifestando que la República no podría hacer el pago, ya que impondría un daño irreversible a una población que ya padece «una elevada inflación». La semana pasada, Preska le concedió a Argentina la obligación de pagar los 16.100 millones de dólares de fianza. A cambio, le sugirió que tiene hasta el 5 de diciembre para depositar activos alternativos para proteger en cierta medida los intereses de los demandantes.
Alerta buitre
El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012 la República adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.
Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.
Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio es el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.
Por Natalí Risso
Télam