Petrobras: inversores argentinos le inician un juicio millonario por manipular sus balances

Acusan a la empresa brasileña de manipular sus libros contables y generar así un fraude contra aquellos que compraron las acciones de la compañía. La Justicia falló en primera instancia a favor de la compañía, y los inversores apelaron.

Una imputación contra Petroleo Brasileiro S.A.,más conocida como Petrobras, se lleva adelante en sala A de la Cámara Penal Económico. Los inversores argentinos acusan a la empresa brasileña de manipular sus libros contables y generar así un fraude contra aquellos que compraron las acciones de la compañía. Lo curioso es que el fallo de primera instancia resolvió que Petrobras no es punible en la Argentina porque, según la sentencia, no se puede someter a juicio a un estado soberano, dando a entender que la empresa, que tiene accionistas privados, es un ente público.

La causa de la demanda excede a la Argentina. En 2018, la petrolera brasileña admitió haber manipulado sus balances, luego de que se descubrieran sobornos y sobreprecios en los casos denominados Petrolao y Lava Jato. En ese entonces, llegó a un acuerdo económico con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en sus siglas en inglés), el regulador del mercado de valores en Estados Unidos. La sanción equivalió a US$1786 millones.

Según el informe de la SEC, altos ejecutivos de Petrobras pactaron con contratistas y proveedores para inflar en “miles de millones de dólares” el costo de proyectos de infraestructura de la empresa. “Las compañías que ejecutaban esos proyectos pagaron miles de millones en sobornos a los ejecutivos de Petrobras, que compartieron los pagos ilegales con políticos brasileños que les habían ayudado a obtener sus altos cargos en Petrobras”, había dicho el ente regulador en un comunicado.

En la Argentina, un grupo de inversores se unió para demandar a la petrolera, que en ese entonces cotizaba también en la Bolsa de Valores de Buenos Aires (en 2019 se fue del mercado local). Sin embargo, en el fallo de primera instancia, el juez Pablo Yadarola resolvió que Petrobras no es judiciable en el país en virtud a la aplicación de la ley 24.488, que dice que no se puede someter a juicio a un estado soberano.

El 36,75% de Petrobras está en manos del estado de Brasil (28,67% del gobierno y 8,08% del banco de inversión estatal). El resto cotiza en la bolsa de Brasil y en Nueva York. YPF, por caso, tiene al Estado argentino como principal accionista con el 51% de participación, pero igualmente se la considera una empresa privada y debe regirse bajo las normas del derecho privado.

“Llamamos a indagatoria a Petroleo Brasileiro y a 34 personas que eran directivos de la empresa en representación del estado brasileño. La respuesta que tuvimos del procurador de Brasil es que los exdirectivos eran funcionarios públicos y que muchos de ellos ya se declararon como arrepentidos y no pueden ser llamados a indagatoria nuevamente. En relación con Petrobras, el procurador dijo que es un activo del gobierno de Brasil, por lo cual tampoco se la puede imputar. Hay una dificultad técnica producida por el estado subyacente a la que se le pide la cooperación”, explicaron fuentes judiciales.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires realizado en 2016, el prejuicio para los inversores locales supera los US$730 millones, que equivalen a la pérdida de valor que tuvo la empresa producto del escándalo Petrolao o Lava Jato.

Osvaldo Prato, representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, indicó en un comunicado que “resulta extraño que un juez diga que una empresa que cotizaba en la Bolsa de Buenos Aires, que absorbió dinero de los ciudadanos argentinos con información falsa y defraudó a los mismos, no está sujeta a la ley argentina”.

El grupo de inversores apeló la sentencia y está a la espera del fallo de la sala A de la Cámara Penal Económico. Lo preocupante del caso es que, de confirmarse la orden de primera instancia, cualquier compañía con control mixto que cotice en la bolsa de Buenos Aires podría manipular sus balances en la Argentina sin que se juzgue un perjuicio para los inversores, ya que se generará un precedente.

“El tema fundamental es que hay hechos confesos por parte de Petrobras y se le aplicaron sanciones en todas partes del mundo. Solo en la Argentina no se estableció una multa. Petrobras vendió los activos locales para pagar multas y sanciones en Brasil, y dejó el mercado de capitales con una herida muy grande en los inversores”, explica Carlos Negri, abogado de la causa, exfiscal penal económico y titular del estudio jurídico Negri, Curzi & Asociados.

Petrobras ya no opera más en la Argentina. En diciembre pasado, cerró su última oficina de la filial local y, si bien quedan algunas estaciones de servicio con su nombre, son porque todavía no se terminaron de cambiar por la imagen de la nueva marca, Puma Energy, de la petrolera Trafigura.

La empresa brasileña comenzó con las ventas de activos en el país en 2011, cuando le cedió al empresario Cristóbal López la refinería de San Lorenzo y 365 estaciones de servicio por US$110 millones. Luego, en 2016, Petrobras se desprendió de su filial en el país, al venderle a Marcelo Mindlin el 67,2% de la participación que no cotizaba en la bolsa por US$892 millones. Todo el activo petrolero pasó a integrar Pampa Energía.

“La ley dice que los estados soberanos no son justiciables por otros estados. El juez de primera instancia revoca la resolución porque dice que Petrobras no es sometible a la jurisdicción argentina, por más que sean estafadores confesos que en todos lados fueron condenados. Tengo una profunda indignación, qué protección tiene el individuo, el inversor. Qué confianza puede tener a que existan reglas de juego previsibles, que son la base del derecho. Esto no es previsibilidad. El inversor compró una acción de Petrobras basándose en los balances, y estos son falsos y el hecho fue confeso, pero la justicia dice que no es denunciable”, comentó Negri.

Petrobras había desembarcado en la Argentina en 2003, luego de la crisis económica local, que le permitió adquirir el 58,6% de Pecom Energía, de la familia Perez Companc, al hacerse cargo de una deuda de US$2000 millones y al pagarle al grupo empresario otros US$1077 millones. Tenía participaciones en la producción de petróleo, de gas y en el negocio de la refinación de combustible. Sin embargo, menos de 20 años después ya no queda nada de Petrobras en el país, solo esta demanda millonaria por defraudación.

Por Sofía Diamante

La Nación