Preocupa la demora en el tratamiento de la ley que regula los biocombustibles
Las plantas comienzan a ponerse en marcha tras el incremento en los valores, pero ahora surgen otros interrogantes en el sector.
Mientras las plantas vuelven a ponerse en funcionamiento de a poco, los productores de biocombustibles temen que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación se dilate demasiado una ley que para su existencia es clave: la que obliga a las petroleras a cumplir un piso de corte de combustibles verdes en las naftas y el diésel.
«Por nuestra parte, es bueno que las plantas se pongan en marcha. Ya arrancó Ramallo y en el transcurso de esta semana está previsto que reanuden las de Junín y Bahía Blanca, pero también es cierto que continúa un grado de incertidumbre muy grande en el sector”, reconoció Gabriel Matarazzo, secretario general del sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de nuestra ciudad y también secretario de Hacienda de la Federación Sindical Argentina.
Los interrogantes de los empresarios del rubro se debe a que la Ley 26.093 es vital para el sector, ya que garantiza que una parte de la producción del biodiésel (originado a partir de cultivos oleaginosos) se destine al mercado interno gracias al corte obligatorio del 10% en el diesel. Y esa obligación caducará en mayo del año próximo, salvo que haya una renovación de la norma o una nueva regulación que avance en cuidado del medio ambiente.
“Esperábamos que el proyecto con media sanción del Senado de la Nación hubiera sido aprobado en la última sesión de Diputados, pero no fue así, y ahora vemos muy angustiados, preocupados y sorprendidos que tampoco figura en el temario de la convocatoria del Poder Ejecutivo a extraordinarias en el Congreso», reconoció Juan Facciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables.
Cabe recordar que después de casi 12 meses de crisis, que puso al sector al borde de la quiebra, las Cámaras que nuclean a los productores de biocombustibles recibieron una buena noticia cuando la Secretaría de Energía decretó un aumento del precio para la producción destinada al mercado interno que estaba fijada por debajo de los costos de fabricación.
“Son las cosas extrañas que tiene este Gobierno, que no termina de definir el rumbo en este tema. Por un lado mejora los precios de producción, pero por otro dilata el tratamiento de la ley regulatoria”, señaló Matarazzo.
La ley con los beneficios fiscales vencía en mayo de este año, pero en octubre el Senado decidió una prórroga hasta 2024, aunque antes tiene que ser aprobada por Diputados.
Esas ventajas impositivas fueron implementadas con una ley de 2006 para mezclar con etanol (de la caña de azúcar y del maíz) y el gasoil con biodiesel (originado en aceite de soja), lo que significaba un ahorro del 10% de las emisiones en el transporte, en la agricultura y en la generación eléctrica. El decreto reglamentario de 2007 impulsó el uso de los incentivos fiscales en plantas de biocombustibles. Y hubo un desarrollo fenomenal con 54 fábricas en diez provincias. Y 250 mil empleos.
La industria argentina de biocombustibles evidenció en 2020 su peor año histórico desde el inicio de la actividad, en 2008. Los registros de producción, ventas al mercado interno y exportaciones, registran caídas muy significativas.
En el caso del biodiesel, en la comparación interanual contra 2019, la producción bajó más de un 40 por ciento, el consumo interno se contrajo más de un 50 por ciento (por la parálisis que generó la pandemia en la actividad económica) y las exportaciones cayeron alrededor de un 35 por ciento, según cifras de la cámara del sector.
En los primeros días de enero, la Secretaría de Energía decidió implementar un esquema paulatino y progresivo de recomposición de precios de los biocombustibles, que se aplicará de manera gradual a lo largo de cinco etapas hasta mayo próximo, que llegará al 90% de incremento, para reconocer los costos que la industria afronta ante el atraso del valor regulado por el Estado.
«Cuando esté todo funcionando, vamos a negociar una recomposición salarial, que están seriamente deteriorados. Si las empresas actualizaron sus precios, nosotros pretendemos que se traslade también a los trabajadores, más allá de la incertidumbre que se sigue viviendo en el sector», aclaró Matarazzo.
Por Pablo Andrés Alvarez
La Nueva