La empresa privada que verificará surtidores planea subir aranceles a estaciones de servicio
Tras el desmantelamiento del INTI, que ya no podrá realizar los controles metrológicos que eran de su incumbencia, grupos privados se harán cargo de esas tareas.
El gobierno de Javier Milei decidió eliminar la verificación de surtidores de combustible a cargo del INTI y transferir el servicio a laboratorios privados. El principal beneficiado es el Grupo Lenor, vinculado con el ministro de Economía, Luis Caputo. Ahora, sin el organismo estatal de por medio, Lenor evalúa aumentar los aranceles que cobrará a más de 5.000 estaciones de servicio en todo el país.
Hasta diciembre de 2025, el INTI realizaba el control de los picos surtidores con un arancel de 25.000 pesos por unidad, un servicio de bajo costo y alta calidad. Eso le generaba al organismo ingresos anuales de entre 3.600 y 4.000 millones de pesos, con los que financiaba su funcionamiento, salarios y laboratorios. En cambio, los privados como Lenor cobraban 75.000 pesos por la misma prestación, lo que motivó denuncias de «competencia desleal» por parte de las empresas privadas.
El gobierno respondió primero subiendo el arancel del INTI a 100.000 pesos, pero las estaciones seguían eligiendo al organismo público. Finalmente, a fines de 2025, por orden de Caputo y presión de allegados a Lenor, el Gobierno decidió el cierre definitivo del área de metrología del INTI. Una resolución del organismo estableció un cronograma de transición que culmina el 30 de junio de 2026, cuando en todo el país las verificaciones quedarán exclusivamente en manos de privados acreditados.
Negocio multimillonario
Lenor, cuyo CEO es Julio Made, ya fue habilitada por el Ministerio de Economía mediante la Disposición 128/2025. La empresa, que tiene proyección internacional, ahora accede a un mercado cautivo de más de 5.300 estaciones de servicio y unas 45.000 bocas de surtidor.
El negocio potencial es enorme. Solo por la verificación anual de surtidores, que el INTI facturaba unos 4.000 millones de pesos, Lenor podría cobrar hasta tres veces más. Pero además, la nueva normativa le permite auditar a los reparadores de surtidores y certificar toda la cadena de control. Fuentes cercanas estiman que el negocio habilitado por el Gobierno podría alcanzar los 12.000 millones de pesos anuales.
El área de Metrología Legal representaba aproximadamente el 50% de la facturación por aranceles del INTI. Su cierre constituye un golpe letal para el organismo científico, que pierde capacidad técnica y financiamiento.
Prácticas predatorias y desregulación
El gobierno justifica la medida en el achicamiento del Estado, pero críticos la califican como un desmantelamiento de capacidades científico-tecnológicas en favor de privados con conexiones políticas. «Luis Caputo habilitó la disolución de áreas clave del INTI para que sus amigos hagan negocios multimillonarios», señalaron denuncias publicadas por La Nación, Clarín, Página 12 y otros medios.
Desde Lenor, el director de Relaciones Institucionales, Alberto Schiuma, defendió la transición como «gradual pero positiva». La empresa ya realiza verificaciones en varias provincias y asegura que garantizará costos acotados, aunque hasta ahora no ha publicado tarifas fijas para 2026. Mientras tanto, las estaciones de servicio deberán contratar estos servicios privados sin otra alternativa, en un mercado que se perfila como monopolístico.
DiarioNorte