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Argentina recibirá más de US$7000 millones del Banco Mundial y el BID para impulsar minería y energía

Los organismos multilaterales confirmaron nuevos desembolsos destinados a proyectos públicos y privados.

La reciente gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos dejó un saldo positivo en materia de financiamiento internacional. Más allá del entendimiento político con la administración de Donald Trump, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmaron una inyección de dólares que rondará los US$7000 millones, destinados a proyectos públicos y privados en la Argentina.

Según un informe de la Fundación Mediterránea, los fondos buscan reactivar inversiones estratégicas, dinamizar sectores productivos y fortalecer el crecimiento regional. La prioridad estará puesta en actividades con potencial exportador, como la minería, la energía y el turismo.

El Banco Mundial adelantará desembolsos por US$4000 millones, canalizados a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

La entidad explicó que el objetivo del paquete es apoyar la agenda de reformas estructurales y el crecimiento a largo plazo impulsado por el Gobierno. Las inversiones se concentrarán en minería, pymes, energía y turismo, sectores considerados clave para mejorar la competitividad argentina.

El rol del BID y su apuesta por el sector privado

El BID, por su parte, confirmó operaciones por US$2900 millones destinadas al sector público, enfocadas en programas de eficiencia y reformas estructurales. Además, a través de BID Invest, sumará otros US$1000 millones para financiar proyectos privados vinculados a energía, minerales críticos, salud, conectividad y pequeñas empresas.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, señaló que la meta es transformar los fondos aprobados en inversiones concretas que impulsen infraestructura, empleo y desarrollo productivo.

Provincias con mayor potencial

De acuerdo con el estudio de la Fundación Mediterránea, los nuevos flujos de capital podrían redistribuir el crecimiento hacia regiones con ventajas naturales en recursos, energía y turismo. Las provincias de Patagonia, Cuyo y el Noroeste argentino aparecen entre las más beneficiadas.

En el caso del sector hidrocarburífero, Neuquén, Mendoza y Río Negro lideran la actividad en la cuenca neuquina, mientras que Chubut y Santa Cruz concentran el desarrollo de la cuenca del Golfo San Jorge.

Solo en Neuquén, el sector energético representa el 17% del empleo provincial, con tres proyectos ya inscriptos en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), centrados en producción y transporte de hidrocarburos.

En el norte del país, Catamarca, Salta, San Juan y Jujuy sobresalen por su perfil minero, impulsado por la demanda global de litio y cobre. Catamarca y Salta cuentan con tres proyectos RIGI cada una, enfocados en minerales críticos e infraestructura energética, mientras que San Juan suma cuatro vinculados al cobre y oro.

Río Negro también figura entre las jurisdicciones con alto potencial, gracias a proyectos de transporte de hidrocarburos y energías renovables.

Beneficios moderados y acotados

La provincia de Buenos Aires se destaca por su diversificación productiva, que combina agroindustria, turismo y servicios. Además, allí se aprobó un proyecto RIGI vinculado a la siderurgia, mientras que las energías limpias podrían recibir respaldo del Banco Mundial.

En tanto, Chubut sobresale por su base eólica y Santa Cruz combina minería y energía, con una participación laboral del 12% y 8%, respectivamente.

Finalmente, las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Misiones y Tierra del Fuego aparecen con impacto más acotado. Córdoba y Santa Fe mantienen su liderazgo agroindustrial, Mendoza refuerza su perfil turístico y energético, y las provincias del extremo sur proyectan un mayor crecimiento en turismo doméstico e internacional.

En total, la Fundación Mediterránea contabiliza 20 proyectos presentados bajo el RIGI, de los cuales solo uno fue rechazado. La mayoría se concentra en minería, hidrocarburos y energía.

El desafío, advierte el informe, será convertir los compromisos financieros en inversiones reales, que se traduzcan en empleo, infraestructura y desarrollo sostenible a lo largo del país.

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