Planean dar previsibilidad a petroleras con subastas de largo plazo

Mientras no hay claridad para el sector energético y se demoran las revisiones de tarifas, el Gobierno estudia subastar gas a largo plazo para contractualizar mercados y dar certezas a las productoras.

El plan que el Gobierno tiene para el sector energético todavía no se conoce y el nuevo régimen de promoción para impulsar la actividad en hidrocarburos (petróleo y gas) es una incógnita, pese a que fuentes oficiales prometieron tratarlo en el Congreso este mes.

Mientras tanto, para aportar algo de certidumbre, el Gobierno analiza desde hace por lo menos tres semanas realizar antes de abril una subasta de gas a mediano plazo para distribuidoras y para la generación eléctrica, lo que elevaría los precios actuales y garantizaría repagar las inversiones.

Así se lo comentaron tres fuentes del mercado al tanto de las negociaciones, que continúan después de que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) licitara las compras de gas para abastecer a las centrales termoeléctricas y consiguiera un precio promedio para febrero de u$s 2,50 por millón de BTU (MMBTU), en modalidad interrumpible -con el compromiso de los proveedores de abastecer solamente un 30% del volúmen total ofertado-.

La nueva subasta sería en condiciones firmes y por 3 o 4 años, algo que tiene en estudio el Gobierno junto a actores del sector.

De este modo, los precios tenderán a subir y quedar entre los u$s 3,50 y los u$s 4,50 /MMBTU, lo que excede el break even, hoy cercano a los u$s 3, según el gerente de comercialización de una petrolera.

Los contratos de provisión de gas entre las productoras (YPF, Pan American Energy, Total Austral y Tecpetrol, entre otras) y las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, las principales) se pactaron entre el 1° de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020 a un promedio de u$s 4,62 /MMBTU y pesificados a un tipo de cambio de $ 41 por dólar.

Es decir, unos $ 189,42 /MMBTU o u$s 3 al tipo de cambio actual de $ 63 por dólar, que es lo que vienen percibiendo las petroleras desde septiembre, a 65 días de haber entregado el gas.

Sin embargo, el congelamiento de tarifas obliga a reprogramar estos acuerdos sin la certeza de poder trasladar el costo a los usuarios.

El Gobierno tiene la voluntad de que haya una actualización después del 30 de junio para no repetir la experiencia de atrasar estos precios relativos infinitamente como pasó desde 2003, pero debe llamar a una Revisión Tarifaria Integral (RTI) extraordinaria tanto en gas como en electricidad.

«Las tarifas públicas tienen que ser revisadas integralmente. Yo quiero saber si todos los presupuestos sobre los que se definieron las tarifas han sido correctos y si las inversiones han sido hechas. Hoy contamos con todos los instrumentos para hacer una revisión tarifaria», expresó la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el sábado pasado desde La Habana, Cuba.

«Cualquier cosa que sea salir del spot y contractualizar a mediano plazo ayuda, es una forma de tener certidumbre», dijeron en una importante productora de gas.

Producción

Mientras tanto, el informe de tendencias del Instituto Argentino de la Energía (IAE) Mosconi reveló que la producción de petróleo creció 3,9% y la de gas 5% interanual en 2019, a partir exclusivamente de los rendimientos no convencionales en la formación Vaca Muerta, hoy sin rumbo claro.

Por Santiago Spaltro
Cronista

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