La Justicia trabó compras de gas licuado

La licitación por US$ 4.500 millones para adquirir por anticipado 100 cargamentos de GNL (gas natural licuado) para 2014 y 2015 quedó ayer prácticamente trabada por una medida cautelar que dictó el juez federal, Enrique Lavié Pico en una causa promovida por la Unión de Consumidores de Argentina (UCA).

El magistrado resolvió que la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF)– una de las principales proveedoras de GNL de los últimos años– no podrá participar del concurso de compra que pilotea YPF hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre las cuestiones de fondo que denunció la entidad de usuarios que preside Fernando Blanco Muiño.

Tras hacer lugar al planteo de la UCA, el juez consideró que GNF no puede competir en la licitación porque uno de sus principales accionistas –el grupo español Repsol que posee el 30% de las acciones y que le reclama al Estado una megaindemnización de US$ 10.500 millones– también integra el directorio de YPF que debe evaluar y adjudicar las compras de GNL.

Según el fallo de Lavié Pico, si se permite la participación de GNF no sólo “se confundiría la figura de oferente y adjudicatario”, sino que además habría “una inaceptable posición dominante por la influencia y el acceso a la información privilegiada” que la empresa tendría por la doble participación accionaria de Repsol.

La “tarjeta roja” que la Justicia le sacó a GNF un día antes de la presentación de ofertas implica un serio problema para el Gobierno. La compañía española se perfilaba como la única oferente para abastecer a la regasificadora de Escobar. En 2012 y 2013, proveyó el 70% de las cargas de esa terminal y ahora, según los técnicos del sector y otros oferentes, volvía a correr con ventajas por una serie de condiciones que YPF le introdujo al pliego licitatorio.

Además de cuestionar la participación de GNF, la demanda impulsada por la UCA –con el patrocinio del constitucionalista y ex diputado nacional de la UCR, Jorge Vanossi – hace foco en dos cuestiones clave. Por un lado, la supuesta ilegalidad del convenio que Enarsa firmó el año pasado con YPF para que actúe como “intermediaria y gestora” de las compras de GNL que antes efectuaba por su cuenta la energética estatal.

Y por otro lado, la inconstitucionalidad del artículo 15 de la ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, que “blindó” a la reestatizada YPF de los controles públicos de la AGN y la Sigen y le permite a sus directivos no dar a conocer sus honorarios.

Por Antonio Rossi
Clarín

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