Biocombustibles: si no hay acuerdo por una ley, habrá prórroga por decreto
El Presidente no dejará caer la promoción para los combustibles alternativos, aunque la extensión sería por sólo un año. Máximo Kirchner abrió un diálogo con las empresas.
En medio de la pulseada entre las petroleras y las empresas productoras de biocombustibles, una fuente de la Casa Rosada aseguró que si no hay consenso para una nueva ley o prórroga en la Cámara de Diputados para los beneficios que gozan los combustibles alternativos, el presidente Alberto Fernández utilizará un decreto para la continuidad de la norma vigente.
Así lo hicieron saber fuentes de la Casa Rosada. Aunque en el entorno del Presidente consideran que este “conflicto de intereses” debería resolverse en el Congreso.
“Un decreto presidencial no es lo ideal, pero sería la única salida si no hay una nueva ley o prórroga en Diputados. Creemos que no será necesaria la intervención del Presidente, pero la ley no puede caerse, porque se perderían muchas fuentes de trabajo”, aseguró un funcionario cercano al Presidente.
Legisladores oficialista también coincidieron con esta definición. Todos consideran que el tema se resolverá en el Congreso, pero el decreto presidencial es una posibilidad ante la falta de consenso para sancionar una nueva ley.
Luego del intento fallido de la oposición por la sesión especial del jueves pasado, y con el convencimiento de que el oficialismo tampoco tiene los votos para aprobar una nueva ley, Máximo Kirchner y el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, abrieron una negociación con las cámaras empresarias para tratar de consensuar una nueva ley.
El funcionario nacional y el titular del bloque del Frente de Todos no oficializaron el proyecto, pero en el borrador se mantienen la idea de achicar el corte (participación) de los biocombustibles sobre los combustibles líquidos en base al petróleo.
Las cámaras empresarias sostienen su postura de no aceptar un ajuste en los cortes.
“El borrador que presentó el secretario de Energía recorta en un 50% la participación de los biocombustibles. Si bien hay otros beneficios, para nosotros el corte es fundamental. Es más, creíamos que era necesario una ampliación de la participación de los combustibles alternativos”, afirmó un empresario cordobés que participa de las conversaciones con el oficialismo.
Máximo Kirchner y Martínez han dicho que pretenden tener consensuado el texto de una ley para mediados de abril.
Según fuentes de la cámaras empresarias de los biocombustibles, las negociaciones no han avanzado como para ser tan optimistas.
Se sabe que los diputados cordobeses de Juntos por el Cambio y los schiarettistas del bloque Córdoba Federal rechazan el proyecto K.
La posición kirchnerista
Hasta ahora no se conocía la opinión del Frente de Todos cordobés al respecto. El diputado Pablo Carro aceptó hablar del tema. Se mostró optimista en que se llegará a consensuar una nueva ley.
“Sabemos de la importancia de los biocombustibles para Córdoba y nuestra postura es que estamos a favor de una negociación con los empresarios para llegar a un acuerdo. Hay muchos temas para discutir, más allá de los cortes del biodiésel y el bioetanol. Los legisladores oficialistas y el secretario de Energía de la Nación estamos escuchando a todos y esa es una señal muy positiva”, manifestó Carro.
El diputado kirchnerista admitió que hay una puja de intereses entre las petroleras y las cámaras productoras de los biocombustibles.
“Creemos que se puede consensuar una nueva ley y estamos muy cerca de lograrlo. Seguramente tendremos resuelto el tema antes que termine el mes de abril y esperamos que todos los sectores queden conformes”, manifestó Carro.
Durante este fin de semana continuaron las negociaciones entre el secretario de Energía y los empresarios. Aunque no es oficial, el funcionario nacional tendría un principio de acuerdo con los empresarios tucumanos que dependen del bioetanol, que se produce en base a la caña de azúcar.
El resto de las cámaras siguen resistiendo una disminución del corte de los biocombustibles.
Los legisladores y empresarios cordobeses apuntan a la presión que está ejerciendo YPF, administrada por directivos que responden a La Cámpora, para modificar lo que se aprobó en el Senado por unanimidad.
Ley: lo que se discute
820.000 metros cúbicos de etanol. Es la capacidad de producción instalada. Si prospera el proyecto oficial, se reduciría 400 mil metros cúbicos.
4.800 puestos de trabajo. Son los que generó en Córdoba la industria del bioetanol. Estarían en riesgo la mitad de esos trabajadores.
Por Julián Cañas
La Voz